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Pereira
viernes, diciembre 2, 2022

Nada hay más denigrante

Nada resulta hoy más denigrante que tramitar un contrato de prestación de servicios con el sector público. Es casi que una humillación lo que tiene que hacer cualquier persona para, luego de ser aceptada su hoja de vida, poder formalizar y legalizar su relación contractual con una entidad pública.

El primer obstáculo que encuentra un aspirante a servidor público es conseguir el respaldo del jefe político “dueño” del contrato al que se aspira a acceder. Pero eso no es todo, una vez conseguida la venia y el respaldo del respectivo dirigente político y superado este paso, empieza el verdadero viacrucis para la persona.

Entregados los documentos exigidos, que no son pocos ni sencillos, empieza un desesperante va y viene de exigencias de aclaraciones y de aporte de respaldos legales, entre la oficina jurídica que tiene cada entidad pública y el contratista, con el agravante que entre cada pedido y cada aclaración pasan semanas y hasta meses.

Mientras tanto, al ilusionado contratista se le piden que vaya a trabajar como si estuviera contratado y se le exige que cumpla horario, bajo el estigma que, si no lo hace o lo cumple de mala gana, es considerado como una persona poco colaborada y será mal calificada al momento de la eventual renovación de su contrato.

Esto con un agravante y es que lo primero que se le exige a la persona que se piensa contratar es el pago de su seguridad social, requisito que cumple este con inmensos sacrificios económicos y que casi siempre pierde porque, cuando por fin al cabo de tanta negligencia y retrasos se va a hacer el contrato, la seguridad se ha vencido, tiene que volverla a pagar.

Ahora, todo esto sería hasta tolerable para el aspirante, si los abogados de las oficinas jurídicas y los demás funcionarios que intervienen en los procesos de contratación, fueran personas amables o al menos diligentes con su trabajo; pero dolorosamente lo único que recibe la persona es maltrato y desatención de ellos.

Todo esto, añadido a la perversa práctica de iniciar la contratación pública por allá en los meses de marzo y abril, mientas la persona está trabajando desde el 2 de enero, y lo peor, se le hace un contrato por 60 o 90 días, al cabo de los cuales el contratista tiene que volver a empezar el tortuoso camino que ya ha recorrido. Todo con el balance final de un año de trabajo y, cuando mucho, seis o siete meses de contrato,

Entre las muy poquitas propuestas sensatas que ha lanzado el nuevo gobierno, está la de regular los contratos de prestación de servicios en el sector público. Ojalá, no se quede en simples propósitos y de un lado, se corrija ese proceso humillante que es hoy contratar con el Estado y del otro, se exija que los contratos por lo menos se hagan mínimo por seis meses.

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