Esas personas, que con seguridad las hubo, solo merecen el repudio de los risaraldenses y, por supuesto, que la justicia recaiga con todo su peso sobre ellos.
La aparición de dos contratos, uno en Dosquebradas y otro en Pueblo Rico, en la lista de los 71 contratos del Instituto Nacional de Vías que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, por haber sido presuntamente utilizados para comprar el voto de algunos congresistas que permitiera la aprobación de los proyectos presentados por el Gobierno, no es una noticia nueva.
Desde hace más de un año la representante a la cámara por Risaralda Carolina Giraldo, viene denunciando las graves irregularidades que presentan los contratos del Departamento y que hacen parte, según el ente investigador, del entramado criminal que desde el Gobierno se montó con los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y en el que están involucrados varios ministros, funcionarios cercanos al presidente Petro y una treintena de congresistas.
Según la representante Giraldo Botero y las pesquisas que ha adelantado la Fiscalía, las obras en Risaralda no responden a la urgencia que supuestamente debe tener la emergencia invocada por la entidad, tienen graves cuestionamientos en la contratación, no tienen los avances que dicen tener, el plazo de entrega hace rato se venció, las prórrogas no se han cumplido y en cambio los desembolsos superan en mucho las entregas en dinero entregados a los contratistas.
Pero más allá de la urgencia de las obras, del valor de los contratos, del avance en su ejecución, del vencimiento del plazo y del dinero girado; la pregunta es quién o quiénes están detrás de estos contratos, quién señaló los contratistas y los interventores seleccionados y por qué los entes de control no han movido un dedo a pesar de las denuncias y de las evidencias entregadas por la Fiscalía y los medios de comunicación.
Porque da trabajo creer que en un país que tiene mil necesidades y urgencias realmente manifiestas y una escasez de recursos casi franciscana, el Gobierno Nacional por cuenta propia, sin que nadie se lo hubiera pedido, vaya a destinar 27.000 millones de pesos en unos puentes, ni siquiera en el casco urbano de Pueblo Rico sino en una lejana e inhóspita vereda, o en una obra cualquiera en Dosquebradas mientras allí mueren decenas de personas cada que la ladera norte del río Otún se viene encima de las viviendas que están construidas en zona de alto riesgo.
Esas personas, que con seguridad las hubo, solo merecen el repudio de los risaraldenses y, por supuesto, que la justicia recaiga con todo su peso sobre ellos. Aprovecharse del respaldo y la confianza que les entregaron los ciudadanos para jugar con las necesidades de las comunidades y beneficiarse personalmente, es el delito más despreciable puede cometer una persona.
