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martes, junio 25, 2024

Medida necesaria

Lo importante ahora, es que no se aproveche esta coyuntura para premiar a los amigos del Ejecutivo y castigar a los no afectos, ni  para preparar la campaña del 2026. 
El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció el jueves pasado que el Gobierno había tomado la decisión de efectuar un bloqueo parcial de algunas apropiaciones de gasto asignado a todas las entidades que se financian con recursos del Presupuesto General de la Nación.
El funcionario dijo que “los bloqueos parciales y temporales se realizarán sobre aquellas partidas de apropiaciones que a la fecha no tienen certificados de disponibilidad presupuestal expedidos”; pero añadió que “la decisión no afecta el normal funcionamiento de Estado, ni compromete el cumplimiento de sus obligaciones presupuestales ni contractuales”.
Es decir, en plata blanca, como dice el dicho popular, lo que no tenga certificado de disponibilidad presupuestal al momento del anuncio del ministro Bonilla, queda suspendido, “bloqueado parcial y temporalmente” dice el Ministro, y solo se respetarán aquellos gastos e inversiones que están comprometidos y en ejecución.
Las razones expuestas por el funcionario son “la evidente reducción en el recaudo tributario mostrado en las cifras al final de mayo y la decisión de la Corte de negar la no deducibilidad de las regalías que significa que se van a tener menores ingresos, lo que obliga al Gobierno a generar un ajuste en el gasto presupuestado”.
Decenas de voces autorizadas, dirigentes gremiales y analistas económicos venían desde  hace mucho rato llamando la atención sobre el deterioro creciente y peligroso de la situación fiscal del país nacido del menor recaudo tributario de la Dian y producto de la desaceleración de la economía y de la consecuente imposibilidad de recibir los ingresos esperados.
Sin embargo, el Gobierno y el propio ministro se habían resistido siquiera a aceptar que los recaudos estaban por debajo de lo presupuestado y que se podrían presentar en el corto plazo dificultades fiscales serías, que obligarían a racionalizar severamente el gasto y poder cumplir con la regla fiscal.
Según cifras de Anif, los recaudos tributarios acumulados cayeron al cierre del mes de abril, un 10.3%, un comportamiento que no se veía desde el año 2010 cuando la crisis financiera de la época, lo que ha puesto al gobierno en serias dificultades para atender unos compromisos cada vez mayores y presupuestados con base en una economía muy diferente y en supuestos irreales como los diez billones de pesos esperados del arbitramento de litigios de la Dian que se generarían por una ley que permitía solucionar rápidamente este tipo de conflictos y que ni siquiera se presentó al Congreso.
Tardía, pues, pero necesaria la decisión del Gobierno de congelar las apropiaciones de gastos que no tengan a la fecha certificado de disponibilidad presupuestal. Es la única manera de no incumplir compromisos vitales y ya adquiridos. Lo importante ahora, es que no se aproveche esta coyuntura para premiar a los amigos del Ejecutivo y castigar a los no afectos, ni  para preparar la campaña del 2026.

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