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viernes, agosto 12, 2022

Más que nuevas leyes

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El discurso de Petro

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El presidente de la República anunció la presentación el 20 de julio próximo, día en que se inicia la próxima legislatura, un proyecto de ley para convertir en conducta delictiva los actos de vandalismo en contra de los bienes púbicos, del transporte masivo de pasajeros, de los elementos necesarios para la buena la circulación en las ciudades, de las estaciones de Policía y de las edificaciones oficiales.

Según voceros del Gobierno, se hace necesario una norma que encuadre dentro de la legislación penal algunas conductas que permitan, de un lado la actuación de la Policía y los Organismos de Seguridad del Estado para preservar el orden público y defender la integridad de los ciudadanos y los bienes de todos; y del otro, judicializar a quienes sean encontrados responsables de estos actos de violencia y de los destrozos causados producto de estas expresiones ilegales.

Por supuesto, es bueno que haya una legislación clara y que no permita interpretaciones ni vaguedades en un tema tan delicado como es la preservación del orden público, el derecho constitucional a la protesta y el empleo de la Fuerza Pública cuando estas expresiones vayan más allá de lo que ampara la Constitución, o simplemente sean aprovechadas por delincuentes para atentar contra el orden institucional o afectar los bienes públicos; sin embargo, las conductas que parece están incluidas en el texto del proyecto, creemos todas hacen parte de la actual legislación penal.

Acaso hoy no es un delito destruir un bien público como las estaciones del Megabús, o los oficinas del Tránsito, o los semáforos de la Ciudad, o incendiar el transporte público, o acabar físicamente las estaciones de Policía, o saquear un supermercado, o destruir un cajero automático, o robar un banco, o obstruir la libre movilización de los vehículos, o impedir el paso de una misión médica, o atacar las autoridades con artefactos incendiarios, o simplemente romperle las ventanas a la vivienda de un ciudadano común y corriente.

Cualquiera de los actos cometidos por la turba que cada noche sale a destruir la Ciudad, que no le importa si los bienes dispuestos son para el bien de los menos favorecidos, que le tiene sin cuidado que se pierdan cientos de toneladas de alimentos, que miles de trabajadores se queden sin empleo, que personas pierdan el ahorro de muchos años representado en un pequeño negocio que fue saqueado; es un delito condenable, además acompañado de los peores agravantes que contempla la ley.

Lo que está necesitando el país es, más que nuevas normas que precisen algunas conductas penales, una acción decidida de las autoridades para imponer el orden, de la justicia para aplicar la ley y de la Fuerza Pública para preservar las instituciones y proteger la vida y los bienes de los ciudadanos.

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