La semana pasada este periódico informó de la decisión de un juez de garantías de la Ciudad de dejar en libertad a todos los integrantes de una banda de delincuentes dedicados al hurto millonario a personas, a residencias y a comercio, en Pereira y en el vecino municipio de Dosquebradas.
Dice la información que luego de once denuncias por el mismo delito y cuatro años de seguimiento, investigación y allegar pruebas, como interceptación de llamadas, reconocimiento fotográfico, entrevistas a los testigos y georeferenciación de las llamadas, por parte de la Fiscalía, lo que permitió la captura de los siete integrantes de la banda, el juez correspondiente ordenó su libertad.
Los argumentos expuestos por el funcionario fueron que los delitos habían sido cometidos hace mucho tiempo y por tanto existía la posibilidad que estas personas ya no estuvieran delinquiendo y además, que dadas las condiciones de hacinamiento de las cárceles del país, lo conveniente era dejarlos en libertad.
Este hecho, que por demás sorprendió a la Fiscalía, a los denunciantes y a las víctimas, no tendría, a pesar de que los hurtos fueron acompañados casi siempre de un secuestro, mayor trascendencia, sino no fuera porque éste actuar del juez se ha vuelto el común denominador en las decisiones de los jueces de garantía.
Basta ver todos los días las informaciones de los medios de comunicación que dan cuenta de los robos y atracos que ocurren en la Ciudad, y en todas ellas el estribillo es exactamente el mismo, el delincuente atraca la persona, la Policía lo detiene gracias a la inmediata información que recibe y a la denuncia de la víctima, la Fiscalía presenta las pruebas en la audiencia de legalización de captura y el juez lo deja en libertad porque no es un peligro para la sociedad.
Con qué ánimo un ciudadano vuelve ante los funcionarios respectivos a poner la denuncia por el robo o el atraco, con secuestro incluido, de que fue víctima y luego a reconocer el atracador, si sabe que al día siguiente es dejado en libertad por el juez respectivo y se lo puede encontrar en el mismo sitio donde lo atracó o lo robó.
Y con cuál la Policía expone la vida de sus uniformados persiguiendo y capturando a unos delincuentes que están armados y acaban de cometer un delito grave, si puestos en manos de la justicia, son dejados en libertad por cualquier razón menos por su inocencia o porque no son un riesgo para los ciudadanos.
Ahora, qué más le da a un delincuente, que ha sido capturado una docena de veces luego de cometer un delito y que la vez que más mal le ha ido ha pasado tres días en el permanente de la Policía, salir nuevamente a la calle y atracar o robar al primer ciudadano que se encuentre si sabe que en horas está otra vez listo para seguir delinquiendo.
Por supuesto, el hacinamiento carcelario es un problema mayor, pero más grave es la inseguridad que está viviendo la sociedad producto de la falta de justicia con el delito y de la incapacidad del Gobierno para mantener aislados de la sociedad a quienes le han hecho daño y son una grave amenaza para sus miembros.
