Su mayor legado consiste en haber establecido que toda autoridad está sometida a la Constitución y que la dignidad humana constituye el fundamento del orden jurídico.
Durante toda esta semana el país ha conmemorado, con diversos actos académicos, los 35 años de expedición de la Constitución Política de 1991, un hito que transformó profundamente la organización del Estado colombiano y la relación entre las instituciones y los ciudadanos. Su promulgación marcó el inicio de una nueva etapa democrática.
La nueva Carta Política dejó atrás un modelo constitucional que, aunque permitió importantes avances institucionales durante más de un siglo, resultaba insuficiente para responder a las demandas de una sociedad más diversa, compleja y consciente de sus derechos. La Constitución de 1991 puso a la persona en el centro.
Su mayor aporte ha sido, sin duda, el amplio reconocimiento y la efectiva protección de los derechos fundamentales. La vida, la dignidad humana, la igualdad, la libertad, el debido proceso, la libertad de cultos, la libertad de expresión, el derecho a la educación, la salud y el ambiente sano adquirieron una dimensión inédita.
La creación de mecanismos como la acción de tutela permitió que esos derechos dejaran de ser simples declaraciones para convertirse en garantías exigibles. Millones de colombianos han encontrado en este instrumento una vía rápida y eficaz para protegerse frente a abusos o vulneraciones.
Igualmente trascendental fue el paso de una democracia esencialmente representativa a una democracia participativa y pluralista. Los ciudadanos dejaron de limitar su intervención al voto periódico y adquirieron herramientas para incidir directamente en las decisiones públicas mediante consultas, cabildos, iniciativas y otros mecanismos.
La Constitución también reconoció la riqueza de un país multiétnico y pluricultural, fortaleció la autonomía territorial, creó nuevas instituciones de control y defensa de los derechos, consolidó la independencia de las ramas del poder público y amplió los espacios para la participación de las minorías.
Naturalmente, durante estos 35 años no han faltado cuestionamientos. El excesivo desarrollo jurisprudencial, la proliferación de reformas constitucionales y algunas tensiones entre las altas cortes y los demás poderes del Estado han alimentado debates sobre el alcance del modelo institucional.
Sin embargo, esas discusiones no pueden eclipsar el enorme significado de una Constitución que modernizó el Estado colombiano y fortaleció la ciudadanía. Su mayor legado consiste en haber establecido que toda autoridad está sometida a la Constitución y que la dignidad humana constituye el fundamento del orden jurídico.
Treinta y cinco años después, el mejor homenaje que puede rendírsele no consiste en reformarla una vez más, sino en cumplirla. Defender sus principios, respetar la separación de poderes, garantizar los derechos de todos y fortalecer la participación ciudadana sigue siendo el camino más seguro para consolidar una democracia más sólida y respetuosa de la libertad.
