Si hay recursos, deben utilizarse con oportunidad y si no los hay, debe explicarse la razón. Lo que no puede ocurrir es que haya trabajadores sin pago mientras el dinero permanece guardado.
No parece razonable, y mucho menos aceptable, que en medio de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, cuando la prioridad de las administraciones municipales y departamental debería ser atender la tragedia, haya personas trabajando para entidades de atención de emergencias, sin recibir remuneración alguna.
La explicación parece ser que no existen recursos para contratarlas. Pero la respuesta resulta difícil de entender. Si se anunció que los gastos no urgentes fueron suspendidos y que esos dineros serán destinados a la emergencia, ¿por qué no aparecen los recursos para quienes están ayudando directamente a enfrentarla?
La pregunta es inevitable, ¿dónde está esa plata? ¿En qué se está utilizando? ¿Se está guardando para después? ¿O acaso las decisiones anunciadas sobre la destinación de los recursos, fueron de dientes para afuera? En una emergencia de esta magnitud, las cuentas deben ser claras. Los ciudadanos merecen saber dónde están esos recursos hoy.
No se trata de pedir que se gasten recursos de forma irresponsable, ni de desconocer las restricciones legales que existen para contratar en la situación excepcional. Se trata de que la ciudadanía sepa que las administraciones tienen el personal suficiente e idóneo para atender una emergencia que no da espera. Cuando hay vidas de por medio el tiempo es vital. También, resulta difícil pedirle a servidores, profesionales y colaboradores que continúen cumpliendo jornadas exigentes, atendiendo damnificados, coordinando ayudas y enfrentando las consecuencias del desastre, mientras se les dice que su contrato debe esperar porque no hay presupuesto. El sacrificio no puede recaer siempre sobre los mismos.
Más aún, cuando desde el Gobierno Nacional se han anunciado recursos importantes para afrontar la emergencia. Es indispensable saber cuándo llegan, cómo se incorporan a los presupuestos territoriales, qué destinación tienen y quién responde por su ejecución. La solidaridad exige también transparencia. Y el esfuerzo no puede ser solo de unos funcionarios voluntarios.
Por eso, los encargados de las finanzas de los municipios y del departamento tienen la obligación de explicar con precisión qué recursos fueron liberados para la emergencia, cuáles se han ejecutado, cuáles están comprometidos y cuáles permanecen disponibles para, entre otras cosas, contratar el personal indispensable para atender la tragedia.
En una tragedia como la que vivimos, cada peso público debe tener un destino conocido y justificable. Si hay recursos, deben utilizarse con oportunidad y buen juicio; y si no los hay, debe explicarse la razón. Lo que no puede ocurrir es que haya trabajadores sin pago mientras el dinero permanece guardado. La emergencia exige transparencia.
