Pero lo que sí es terriblemente grave es lo que sucedió con la empresa luego de que los trabajadores salieran a la calle a expresar su desacuerdo con la reforma.
La respuesta del Gobierno Nacional a la decisión de cientos de personas que trabajan como mensajeros con la empresa Rappi, de salir a la calle a expresar su desacuerdo con el proyecto de reforma laboral que ha presentado el Ejecutivo a consideración del Congreso, es un campanazo de lo que puede pasar con todo el que no se allane a las pretensiones de la actual administración.
Lo primero y lo menos grave, aunque cuando las marchas son a favor del Gobierno son espontáneas y cuando son en contra son obligadas, es la afirmación del propio presidente Petro que los empleados de Rappi habían salido a protestar bajo el chantaje que si no lo hacían serían despedidos de la empresa, una acusación grave viniendo del Jefe del Estado.
Pero lo que sí es terriblemente grave es lo que sucedió con la empresa luego de que los trabajadores salieran a la calle a expresar su desacuerdo con la reforma y el Presidente hiciera esa afirmación. Al día siguiente, Rappi tenía en su sede una visita del Ministerio de Trabajo esculcando hasta el último detalle de su relación con los trabajadores y verificando el cumplimiento de sus obligaciones laborales y parafiscales.
Y como si esto fuera poco, la ministra del ramo salió por todos los medios a contarle al país lo que le estaba pasando, a quien se atrevió a protestar por el proyecto de reforma laboral y a salir a la calle a mostrar su inconformidad; y lo que le venía pierna arriba por atreverse a disentir de la actual administración.
La Ministra le notificó a Rappi a través de los medios de comunicación que le había pedido a la Dian que procediera a verificar si la empresa estaba cumpliendo con sus obligaciones tributarias, si estaba consignado a tiempo la retefuente, como estaba deduciendo los gastos y sí estaba tributando lo que le corresponde.
Esto quiere decir que la empresa o la persona que se atreva a levantar su voz contra lo que disponga el actual gobierno, no solo tendrá que soportar la inmediata llegada del ministerio de Trabajo, sino los agresivos requerimientos de la UPJ y por supuesto la visita de la Administración de Impuestos Nacionales.
De aquí a lo que sucede en los gobiernos totalitarios donde cualquier expresión de inconformidad o de desacuerdo contra el régimen es respondida con la represión, con multas sucesivas e impagables, con la cancelación de algunas licencias, con la suspensión de operaciones y no pocas veces con el cierre de la empresa; no hay mucha distancia.
Queda, pues, notificado el país de lo que le puede pasar a quien se atreva a disentir y a expresar su desacuerdo con el Gobierno en cualquiera de las iniciativas que ha anunciado o que ya ha presentado a consideración del Congreso, y seguramente entonces, a aquellos congresistas que no lo acompañen con su voto.
