La única razón para que se hayan quedado en el negocio del transporte las plataformas digitales, luego de la pandemia, es la insatisfacción por la calidad del servicio y sus costos.
Otra vez el Gobierno Nacional, por falta de tino, de discreción y de buen juicio para medir las consecuencias de lo que dice, pone al país bajo la amenaza de nuevas protestas callejeras y de un bloqueo de vías y actividades trascendentales en la vida nacional, esta vez por cuenta de la prohibición de las plataformas digitales en el servicio de transporte individual de pasajeros.
Solo bastó que el locuaz Ministro de Transporte dijera que se bloquearán las aplicaciones dedicadas al negocio del transporte y se conociera el borrador del proyecto preparado por la Superintendencia de Transporte y que saca del mercado a los conductores que se valen de este sistema para prestar el servicio; para que estos reclamarán el derecho al trabajo y protestaran por el anuncio.
Cuando esto pasó el Ministro dijo que no se eliminarían las aplicaciones y que no se tomaría ninguna decisión que no tuviera el consenso de los interesados, lo que generó de inmediato la reacción de los taxistas y la desproporcionada amenaza de un bloqueo nacional a los aeropuertos del país hasta que el Gobierno Nacional prohíba las aplicaciones en el negocio del transporte individual de pasajeros.
Hoy el país está ante la descomunal amenaza por parte de cerca de quinientos mil taxis y ochocientos mil taxistas que hay en Colombia, de bloquear el transporte aéreo, en caso de permitirse la prestación del servicio a través de las aplicaciones móviles; y el reclamo de más de cien mil ciudadanos, al derecho al trabajo.
La única razón para que se hayan quedado en el negocio del transporte las plataformas digitales, luego de su aparición espontánea y empujada por la pandemia, es la insatisfacción por la calidad del servicio y sus costos, de los habituales usuarios del transporte público individual.
Si contra el tradicional servicio de taxi no hubiera las quejas por abuso en la tarifa, por la pésima respuesta al llamado del ciudadano, por la adulteración de los taxímetros, por el trato descortés al pasajero, por el mal estado del vehículo y por la precaria seguridad que ofrecen, hoy las plataformas digitales no tuvieran el auge que tienen.
Mientras el ciudadano sienta que el servicio prestado a través de una aplicación móvil es más seguro, más rápido, cuesta menos y es mucho más amable, lo seguirá prefiriendo aún si el Gobierno se empeña en satanizarlo, perseguirlo y aplicarle sanciones tan severas como inmovilizar el vehículo por un mes e imponer multas por encima de los diez millones de pesos.
Por supuesto, que el servicio tradicional de taxis hay que protegerlo y que las aplicaciones móviles dedicadas al servicio de transporte necesitan una reglamentación; pero el reclamo de los primeros y la solicitud de los segundos no pueden estar acompañados de una amenaza como la que ha lanzado Asopotrax. Ojala, el Gobierno no deje avanzar el problema que creó por falta de tino, ni tolere los excesos que su anuncian.
