Mientras el presidente Petro ha dicho que la reforma pensional está concertada con el Congreso en un 95%, los principales actores del sistema pensional y el propio Congreso, sostienen que una cosa es dialogar y otra bien distinta concertar, y que hay todavía varios puntos sobre los cuales no existe un principio de acuerdo.
Los puntos en desacuerdo básicamente se refieren, primero al límite de los salarios mínimos a aportar de manera obligatoria a Colpensiones y que el proyecto fija en tres, segundo al régimen de transición que se estima es muy costoso para los trabajadores que tienen ya expectativas creadas y tercero, al manejo que se hará del ahorro.
En cuanto al límite de salarios mínimos, un sector importante considera que el tope es muy alto y que debería ser máximo de 1.5 salarios. Inclusive, sostienen que si se deja en un salario mínimo la deuda pensional se reduciría de 130.7% del Producto Interno Bruto en valor presente, que es lo que costaría hoy con el límite de los tres salarios mínimos, a 52.6% del PIB.
Ahora, el régimen de transición tal como quedó en el proyecto, es decir 1.000 semanas cotizadas, en concepto de los gremios, le generaría al Estado un costo adicional de 1.1 billones de pesos el primer año, debido a las personas que puedan trasladarse, y que llegaría a 210 billones con el paso de los años.
La otra gran discusión está sobre quién debe manejar el ahorro que debe generar el nuevo sistema. Los empresarios sostienen que lo que quedó en el proyecto radicado es distinto a lo que se concertó. Mientras en el acuerdo tripartito se dijo que los dineros del Fondo de Ahorro del pilar distributivo, se distribuirían por porcentajes de los nuevos recursos, en el proyecto está que sería por porcentaje del PIB.
Pero independiente de esto y de los puntos que faltan por concertar, la principal preocupación entre quienes no están de acuerdo con la reforma, es la sostenibilidad del sistema pensional. El Presidente de la Asociación de Fondos Privados, ha dicho que la iniciativa tal cual está presentada, es insostenible y el Ministro de Hacienda le respondió diciendo que no es cierto.
Adicionalmente, el Centro de Estudios Económicos de la Asociación de Entidades Financieras (Anif), sostiene que la reforma en vez de avanzar hacia una solución de largo plazo, empeora la situación. Para sus expertos los cambios propuestos por la iniciativa, harán que el costo fiscal de las mesadas pase del actual 110% del PIB, al 249% en el 2070 y añade que solo en el primer año se incrementaría en el 2.8%.
Por fortuna, así aparentemente haya acuerdo sobre 86 artículos de los 89 que tiene el proyecto radicado la semana pasada en el Congreso, como lo afirmó el presidente Petro, hay todavía asuntos que tienen una incidencia nacional por acordar. Ojalá, el Congreso entienda estas preocupaciones y defienda la sostenibilidad del sistema pensional colombiano.
