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lunes, septiembre 26, 2022

“La Paz Total”

El Gobierno Nacional a través del Ministro del Interior radicó el martes pasado en la Secretaría del Congreso de la República, el anunciado proyecto de ley que establece las bases sobre las cuales la administración Petro buscará la llamada “Paz Total” y que convierte a esta en política de Estado.

Según el ministro Prada, lo que pretende el Gobierno es darle carácter vinculante a los acuerdos logrados con las distintas organizaciones al margen de la ley que se acojan a las condiciones establecidos en la nueva ley, de tal manera que aquellos no puedan ser interrumpidos o modificados  en la fase de implementación.

La norma, que se tramitará vía “fast track”, básicamente establece un plazo hasta el 31 de diciembre del año entrante, para que las distintas organizaciones criminales que operan en el país, incluido las dedicadas al negocio de la droga, manifiesten su real interés de acogerse a la nueva política de paz, designen sus voceros e inicien los diálogos con las comisiones nombrados por el Gobierno.

De otro lado, dice que todos los procesos que se adelanten se harán dentro del marco de la Constitución y la propia ley, y que ninguna persona que se acoja a ellos tendrá una pena inferior a cinco años, pero podrá ser tenido en cuenta el tiempo que haya pagado de condena o de cárcel en el evento en que su proceso aún no haya terminado.

También contempla el proyecto que quienes se sometan a la “Paz Total” podrán entregar tierras como parte de los acuerdos logrados, a cambio de beneficios judiciales y como parte de la política de justicia restaurativa que quiere promover el gobierno Petro y que está inmersa en la nueva iniciativa.

Nada ambicionaría más el país que una paz total, que cese la violencia, que no haya más enfrentamientos entre los distintos grupos armados, que se acabe el reclutamiento de menores, que no haya más minas quiebra-patas, que paren los desplazamientos, que se acabe la güera por el control de los territorios entre las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y que no haya más líderes sociales asesinados; pero que esto se consiguiera sin sacrificar la institucionalidad y la ley.

El país tiene fresco el acuerdo de paz que firmó las Farc con el gobierno del presidente Santos, en el que se les entregó a sus miembros lo que pidieron, incluyendo curules en el Congreso, justicia propia y en no pocos casos perdón y olvido, a cambio de muy poco, de seguir delinquiendo, de no contar la verdad, de no renunciar a sus negocios ilícitos, de no entregar los bienes conseguidos con el delito y de no reparar a las víctimas.

Cuesta creer que ahora si las disidencias de las Farc se van a desmovilizar, que los narcos van a entregar sus cultivos y sus rutas, que el Eln, el Epl, el Clan del Golfo, la Oficina y tantas otras organizaciones criminales que lo único que les importa es sus negocios ilegales, van a renunciar de verdad a todas sus andanzas para acogerse a la paz total del presidente Petro.

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