La construcción de la convivencia requiere instituciones fuertes, presencia efectiva del Estado y una Fuerza Pública respaldada para enfrentar a quienes persisten en la violencia.
Tal como lo había anunciado, el presidente electo confirmó oficialmente la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y las otras consejerías para la paz; y el traslado de sus funciones a un nuevo Comisionado Nacional de Seguridad; el cierre de las mesas de diálogo con los grupos armados y el desmonte de la llamada Paz Total. Se trata de una decisión trascendental que marca un cambio de rumbo en la política de seguridad del país.
Durante los últimos años, la Paz Total fue presentada como la estrategia que permitiría reducir la violencia mediante negociaciones simultáneas con diversos grupos ilegales. Sin embargo, los resultados no pueden ser peores. Mientras avanzaban los diálogos, las organizaciones armadas fortalecieron su capacidad militar, ampliaron su presencia territorial y expandieron sus negocios ilícitos.
La experiencia demostró que esos procesos fueron utilizados por los delincuentes para ganar tiempo, reorganizar sus estructuras y aumentar las economías ilícitas. En varias regiones del país persistieron las extorsiones, los desplazamientos, los homicidios y el reclutamiento de menores, mientras el Estado perdía capacidad de control.
Por eso resulta acertado que el nuevo Gobierno decida replantear una política cuyos resultados fueron, cuando menos, decepcionantes. La paz continúa siendo un propósito nacional irrenunciable, pero no puede confundirse con la ausencia de autoridad, ni con la concesión permanente de ventajas a quienes desconocen la ley y afectan a la población, ni con la entrega del Estado a las organizaciones ilegales.
El traslado de las funciones relacionadas con la paz a una Consejería de Seguridad envía un mensaje claro, la protección de los ciudadanos vuelve a ocupar el primer lugar. La construcción de la convivencia requiere instituciones fuertes, presencia efectiva del Estado y una Fuerza Pública respaldada para enfrentar a quienes persisten en la violencia.
Ello no significa cerrar definitivamente las puertas a la paz. Toda eventual negociación futura deberá partir de condiciones verificables, de una verdadera voluntad de abandonar las armas y del respeto por las víctimas. El país ha aprendido que conversar por conversar, sin resultados concretos, solo prolonga la incertidumbre y el dolor.
Colombia necesita recuperar la confianza en sus instituciones y garantizar que la ley prevalezca en todo el territorio. La seguridad y la paz no son objetivos incompatibles; por el contrario, la primera constituye un requisito indispensable para alcanzar la segunda. El anuncio del presidente electo apunta precisamente a restablecer ese equilibrio y merece ser recibido como el fin de los privilegios a los grupos armados y el comienzo de una nueva etapa para el país.
