Si la nueva política logra ordenar la migración, identificar a quienes delinquen y expulsar, dentro de la ley, a quienes constituyan una amenaza, se habrá dado un paso importante.
La decisión anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella en Barranquilla, de endurecer la política migratoria y poner en marcha operativos contra la migración ilegal, merece ser recibida sin aspavientos y, sobre todo, con la expectativa de que pueda contribuir a recuperar la seguridad.
“Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, dijo el Mandatario, dejando clara una prioridad que no debería generar controversia, el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y garantizarles tranquilidad, seguridad y oportunidades.
El anuncio adquiere especial importancia cuando, según un reciente informe oficial, tres de cada diez delitos cometidos en las ciudades involucran a personas extranjeras, en su mayoría con antecedentes judiciales. Si esta realidad está debidamente sustentada, no puede ser ignorada por las autoridades.
La migración, sin embargo, no puede convertirse en sinónimo de delincuencia. Colombia ha sido, históricamente, un país solidario con quienes llegan buscando refugio, trabajo y una posibilidad de reconstruir sus vidas. Miles de extranjeros viven honestamente y contribuyen al desarrollo nacional.
Precisamente por eso resulta necesario distinguir entre el extranjero que cumple la ley y aquel que llega al país para delinquir. Los operativos anunciados por el Gobierno deben concentrarse inicialmente en quienes tengan antecedentes, estén involucrados en actividades criminales o representen una amenaza comprobada para la seguridad.
La instrucción de coordinar a Migración Colombia con la Policía y comenzar las acciones en Barranquilla esta misma semana es una buena decisión, máxime cuando él ha anunciado que empezará por esa ciudad el esfuerzo para devolverle la tranquilidad a los colombianos, siempre que exista inteligencia, organización y absoluto respeto por los procedimientos establecidos.
También es razonable verificar la situación de quienes permanecen irregularmente en el territorio nacional. La condición migratoria no puede ser utilizada para perseguir a nadie, pero tampoco puede convertirse en una patente para desconocer las leyes colombianas.
La política migratoria debe tener autoridad, pero también equilibrio. No se trata de promover xenofobia ni de señalar colectivamente a quienes llegaron de otros países. Se trata de hacer cumplir la ley y de impedir que la delincuencia encuentre en la migración irregular un espacio para actuar con impunidad.
Si la nueva política logra ordenar la migración, identificar a quienes delinquen y expulsar, dentro de la ley, a quienes constituyan una amenaza, se habrá dado un paso importante. Primero los colombianos, sí, pero siempre dentro de la Constitución y de la ley. La defensa de los colombianos debe ser firme, pero nunca arbitraria.
