El Presidente conoce perfectamente los límites legales y ha sido advertido públicamente sobre ellos. Su anuncio representa, por tanto, una decisión consciente de violar la ley.
La democracia colombiana descansa sobre una regla clara, quienes ejercen el poder del Estado no pueden utilizarlo para favorecer una candidatura. Por esta razón, la Constitución y la ley prohíben la participación en política de los servidores públicos.
A pesar de esto, el presidente Petro ha decidido desconocer abiertamente este principio. A pesar de los reiterados llamados de atención y las advertencias del Procurador General, el mandatario anunció en su cuenta de X que participará activamente en la segunda vuelta presidencial en favor de su candidato, Iván Cepeda. “Yo mismo me pondré al frente. Vamos a ganar”, escribió.
La gravedad de esa declaración no radica solamente en el respaldo político a una candidatura. Lo verdaderamente preocupante es que proviene del jefe del Estado, de la máxima autoridad administrativa del país, quien tiene la obligación de garantizar la imparcialidad institucional y el respeto por las reglas que rigen la competencia democrática.
Cuando un presidente anuncia que encabezará una campaña electoral, envía un mensaje equivocado a miles de funcionarios públicos en todos los niveles de la administración. Si el primer mandatario considera legítimo involucrarse directamente en la contienda, ¿con qué autoridad podrá exigirse neutralidad a ministros, gobernadores, alcaldes, directores de entidades o contratistas del Estado?
La intervención política de los servidores públicos no es una simple formalidad jurídica. Su prohibición busca impedir que los recursos, los bienes, la influencia y el poder del Estado sean utilizados para inclinar la balanza electoral. La igualdad de condiciones entre los candidatos constituye uno de los pilares esenciales de cualquier democracia seria y creíble.
Más preocupante aún es el carácter desafiante de las declaraciones presidenciales. No se trata de una actuación producto del desconocimiento de las normas. El Presidente conoce perfectamente los límites legales y ha sido advertido públicamente sobre ellos. Su anuncio representa, por tanto, una decisión consciente de violar la ley.
En un Estado de Derecho nadie puede situarse por encima de las normas, mucho menos quien juró cumplirlas y hacerlas cumplir. Por eso corresponde al Procurador General actuar con firmeza. Las advertencias ya fueron formuladas. Si se tolera una conducta que desafía abiertamente la ley, se enviará un mensaje de impunidad que debilita la institucionalidad y erosiona la confianza ciudadana en el proceso electoral.
La democracia exige reglas para todos, incluido el Presidente. Y cuando esas reglas son vulneradas de manera pública y deliberada, los organismos de control tienen la obligación de intervenir con independencia, oportunidad y severidad. Solo así podrá preservarse la credibilidad de las instituciones y la transparencia de las elecciones.
