Ya veremos qué tanto éxito tendrá una iniciativa que es importante, pero no prioritaria, y su trámite puede causar un ruido que le quite dinamismo a los proyectos que interesan al nuevo gobierno.
Como ocurre cada vez que inicia un nuevo Congreso, más cuando, como en el caso del que arrancó el pasado 20 de julio, su renovación está por encima del 50%, este año también algunos congresistas presentaron una iniciativa para reducir el sueldo de los miembros de la Corporación, ampliar los períodos de sesiones ordinarias y eliminar o disminuir algunos de los beneficios que ellos tienen.
Sin duda, esta clase de iniciativas tiene muy buen recibo entre los ciudadanos, porque hay la creencia generalizada que los sueldos de los congresistas son demasiado altos, que los meses de trabajo, frente a los períodos de receso son pocos, que tienen demasiados privilegios y, sobre todo, que le cuestan mucho al Estado. Sin embargo, ellas no pasan de ser una buena intención de algunos congresistas novatos; porque al final todas terminan siendo negadas o archivadas.
Esta vez la iniciativa, que ya fue presentada por algunos congresistas del partido de Gobierno e inicialmente pareciera que puede tener mayor apoyo que las veces anteriores, ya ha encontrado el primer obstáculo con el agravante que las diferencias están entre los integrantes del grupo promotor del proyecto.
Algunos entusiastas congresistas, todos recién llegados al Congreso, quieren que la reducción del sueldo empiece a regir inmediatamente, mientras que otros, entre los que está el senador Gustavo Bolívar que ya sabe que no por madrugar mucho amanece más temprano y que conocen que esta clase de iniciativas se caen fácilmente por el más mínimo defecto de forma, proponen que su vigencia cobije a los parlamentarios elegidos en el 2026.
Independiente de si el sueldo de los congresistas es de verdad muy alto, es mucho mejor, si lo que se quiere es no correr el riesgo de que la norma se caiga por vicios que no son de fondo, que no se toque a quienes fueron elegidos con las actuales condiciones y que, como lo dice el senador Bolívar, empiece a regir en el 2026.
Ahora, queda abierta la discusión de si el sueldo de un congresista se puede considerar demasiado alto, teniendo en cuenta la investidura que ostentan y la responsabilidad que le han delegado en las urnas los colombianos. Es cierto que hay miembros de la Corporación que son ausentistas, que poco aportan y que van más a devengar que a trabajar; pero quienes, que son la mayoría, cumplen con su deber y van a gestionar para las regiones que representan, bien tienen derecho a tener una remuneración equiparable con su labor.
Hay más bien otros beneficios que son menos visible y no tan justos, que bien podrían limitarse, como por ejemplo el tamaño de las UTL, el número de carros blindados a su servicio, las comisiones al exterior y las vacaciones, y que igual le ahorrarían una plata importante al país.
Ya veremos, pues, qué tanto éxito tendrá una iniciativa que sin duda es importante, pero no es prioritaria y su trámite sí puede causar un ruido que va a quitarle concentración, dinamismo y buena disposición para el análisis y aprobación de los proyectos que sí son vitales para los cambios que está empeñado en implantar el nuevo gobierno.
