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lunes, febrero 6, 2023

Impunidad total

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz dictó la semana pasada la primera condena contra siete exmiembros del Secretariado de las Farc como máximos responsables de al menos 21.300 secuestros y de otros delitos conexos cometidos durante el conflicto armado.

De todas maneras, las condiciones y el monto de la condena no la fija este organismo, sino el Tribunal de Penas de la JEP, el que, con base en el proceso adelantado por la Sala de Reconocimiento, establecerá las sanciones; sin embargo, esta última instancia recomendó no afectar los derechos políticos de los excomandantes guerrilleros.

Esto significa en plata blanca que los exmiembros del Secretariado que hoy están en el Congreso, gracias a la generosidad del Acuerdo de Paz, y que participaron en delitos atroces como el secuestro, no perderían su investidura y podrían seguir asistiendo a la Corporación y ejerciendo los derechos políticos como si no hubieran cometido algún delito.

Por supuesto que el Acuerdo de Paz implicó una serie de consideraciones especiales para con quienes se acogieron a él y de alguna manera hay que aceptarlas como parte de proceso de reconciliación y perdón que inició el país y que hace parte de la búsqueda de esa paz que tanto han añorado los colombianos.

Pero una cosa es esto y otra bien distinta ver a quienes participaron de secuestros, de homicidios, de violencia sexual, de desplazamientos forzados, de torturas contra los secuestrados, y que además aceptaron su responsabilidad en estos delitos, seguir tranquilamente en su curul, mientras los familiares de las víctimas lloran a sus seres queridos.

Esta afrenta a la justicia, a la reparación y a la restauración no puede hacer parte de ningún proceso. Es entendible, en gracia de discusión, que quien asesinó, quien secuestró, quien violó, quien desplazó y quien torturó, solo pague una pena máximo de ocho años, e inclusive, que no sea interno en un establecimiento carcelario; pero lo que si no es aceptable, es que, no solamente esto se cambie por lo que han denominado actividades transversales de dignificación de las víctimas como trabajos de desminado humanitario, o la búsquedas de personas dadas por desaparecidas, o de restauración ambiental del Páramo de Sumapaz, sino que además puedan seguir asistiendo al Congreso.

Entre otras cosas porque a qué horas los congresistas, si se supone que su labor es de tiempo completo, van a buscar las personas dadas por desaparecidas, o a hacer los trabajos de desminado humanitario, o de restauración ambiental en el Sumapaz. Mejor sería de una vez, inclusive para no ofender la memoria de las víctimas ni la susceptibilidad de los colombianos del común, declarar para estos casos la impunidad total. 

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