Habrá autoridad, justicia y estado

Conforme como lo anunció en su campaña, el presidente De la Espriella dio por terminadas las llamadas mesas de diálogo que el gobierno anterior tenía abiertas con al menos nueve organizaciones criminales y le solicitó a la Fiscalía el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura contra medio centenar de peligrosos delincuentes que se les había dictado para supuestamente facilitar su participación en la fracasada política de la paz total.
Dijo el mandatario, durante la alocución presidencial realizada esta semana en Barranquilla, que “no habrá más espacio de diálogo con estructuras criminales” y añadió que esas organizaciones armadas “son terroristas y como terroristas las vamos a enfrentar”. Y terminó diciendo que “no habrá paz a cambio de impunidad, habrá autoridad, justicia y Estado en cada rincón de Colombia”.
Si algo ofendía a los colombianos y en especial a las víctimas de las acciones de los grupos ilegales, a las familias desplazadas por estos y a los habitantes de las zonas bajo su control, era ver a los jefes de esas organizaciones criminales moverse tranquilamente por todo el territorio nacional, en los vehículos destinados para transportar a los funcionarios amenazados y escoltados por los funcionarios de seguridad pagados por el Estado, mientras ellos permanecían refugiados donde pudieran.
Y peor aún, ver cómo la figura de gestores de paz que les otorga el gobierno Petro y que permitió que les fuera levanta las órdenes de captura que pesaba sobre ellos, era aprovechada para fortalecer sus organizaciones ilegales, para crecer su presencia territorial, para aumentar sus filas y para avanzar en el oscuro y rentable negocio de la droga y de la minería ilegal.
Esto para no hablar de la afrenta que significó para el país y para las víctimas de la violencia, ver a los principales cabecillas de estas organizaciones criminales compartir tarima con el presidente de la República y ver como Estado y crimen se abrazan e intercambian elogios ante el asombro de todos los colombianos.
Todo esto mientras la Fuerza Pública recibía todos los días un nuevo desprecio de su Comandante en Jefe, sus mejores y más experimentados hombres eran llamados a calificar servicios, su presupuesto era menguado, sus armas y sus elementos de defensa salían del servicio por obsolescencia y, lo más doloroso, los funcionarios del gobierno comprometían su trabajo y su honor ante los jefes criminales.
Se perdieron cuatro años valiosos en la lucha contra los grupos armados ilegales y sus poderosas organizaciones delictivas; pero hay decisión del actual gobierno de recuperar el tiempo perdido y, sobre todo, esperanza en los colombianos de una acción efectiva contra quienes tanto mal le han hecho al país y tanto se han burlado de las instituciones.