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domingo, enero 29, 2023

Golpe a la credibilidad

Cada caso que prescribe, especialmente si es uno de los que han generado indignación nacional o en donde las evidencias sobran, es un argumento más para que la sociedad no crea en la justicia.

Entre el 2019 y septiembre del 2022 han prescrito en el país, según datos del Consejo Superior de la Judicatura, 26.694 investigaciones que se llevaban en los despachos judiciales por causas penales, lo que significa que cada día se cierran veinte procesos de esta naturaleza.

La causa de esto es que ha transcurrido el tiempo que establecen las leyes de procedimiento penal sin que los jueces correspondientes hayan tomado la decisión bien de condenar a los supuestos responsables de la comisión del delito investigado o en su efecto de desvincularlos de los procesos.

Sostiene el Consejo de la Judicatura que, primero esto pasa por la falta de personal tanto en los juzgados como en las fiscalías, para atender el alto número de procesos que se inician por cuenta tanto de las denuncias que instauran los ciudadanos, como de las investigaciones de oficio que empiezan las autoridades judiciales; y segundo, que el número de procesos prescritos apenas representa el 1% de los casos que lleva la justicia del país.

Por supuesto que este porcentaje es bajo dentro del universo de procesos que ingresan todos los días a los despachos judiciales, pero no por eso la cantidad de investigaciones que se quedan sin resolver y consecuentemente sin castigo, dejan de restarle confianza y credibilidad a la justicia.

Cada caso que prescribe, especialmente si es uno de los que han generado indignación nacional o en donde las evidencias sobran, es un argumento más para que la sociedad no crea en la justicia y un desestímulo para que los ciudadanos recurran a ella a denunciar los casos que conozcan y vayan contra a ley penal.

Desafortunadamente esto se suma al creciente aumento de las decisiones de los jueces de control de garantías de dejar en libertad a las personas detenidas por la Policía o por la Fiscalía, luego de haber sido sorprendidos cometiendo un delito o de un largo proceso de seguimiento e investigación que los llevó a los responsables de una conducta delictiva.

Según denuncia de distintas autoridades, nueve de cada diez personas que son detenidas por la Policía y llevadas ante un juez, son dejadas en libertad durante la audiencia de legalización de capturas, con la lógica desilusión de las víctimas que muchas veces quedan sometidos a volverse a encontrar con sus victimarios.

Es urgente, para bien de la justicia y el necesario rescate de su credibilidad, que el Consejo Superior de la Judicatura actúe y establezca hasta donde es responsabilidad de los jueces dejar que los negocios que llevan, prescriban y tengan que dejar libre a los investigados, y también que tome las medidas que sean necesarias para dotar a los despachos judiciales del personal suficiente para que esto no siga ocurriendo. La justicia es la base de cualquier sociedad y sin ella no podrá haber orden​, ni convivencia.

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