Descalificar o amenazar a un magistrado por el contenido de su fallo no solo deslegitima la justicia, sino que erosiona la confianza en las instituciones que garantizan el equilibrio de poderes.
La reacción del presidente Petro ante el fallo del Consejo de Estado que dejó sin efecto el decreto que ordena el traslado anticipado de los dineros de las pensiones de los fondos privados a Colpensiones, no solo resulta equivocada en el fondo, sino profundamente desproporcionada en la forma.
En lugar de acatar con serenidad una decisión judicial propia del Estado de Derecho y que ratifica la independencia de poderes que consagra la Carta Constitucional, se optó nuevamente por ese tono desafiante e intolerante tan propio de los funcionarios del actual gobierno.
En una democracia sólida, las diferencias entre ramas del poder público se tramitan dentro de los cauces institucionales, con respeto y altura. Descalificar o amenazar a un magistrado por el contenido de su decisión no solo deslegitima la justicia, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones que garantizan el equilibrio de poderes.
El lenguaje utilizado en la respuesta al magistrado ponente desborda los límites del debate jurídico y entra en el terreno de la confrontación personal. Esta reacción no es menor. Cuando desde el poder se normaliza el irrespeto hacia los jueces, se envía un mensaje peligroso, las decisiones judiciales son válidas solo si coinciden con la voluntad del Ejecutivo.
Más grave aún es el trasfondo autoritario que deja entrever esta postura. El desconocimiento implícito de los fallos y la insinuación de que las Cortes obran en contra del interés general configuran una posición que mina los cimientos de la institucionalidad. No hay democracia posible si se desacredita a quien ejerce control.
El país no puede aceptar que la independencia judicial se convierta en blanco de ataques políticos. Las Altas Cortes no son un obstáculo, son una garantía. Su función es precisamente poner límites, incluso, y sobre todo, cuando las decisiones del Gobierno afectan derechos fundamentales o desbordan el marco legal.
El respeto por la justicia no es una concesión, es una obligación constitucional. Gobernar implica someterse a las reglas, no pretender doblegarlas. La prudencia, el decoro y la mesura deben marcar la relación entre poderes. Lo contrario conduce a una peligrosa práctica que Colombia no puede permitir.
Hoy más que nunca es necesario reivindicar el valor de las instituciones. Defender a las Cortes y a los entes de control no es un acto político, es un acto de responsabilidad democrática. Porque cuando se debilita la justicia o la vigilancia, lo que está en juego no es un fallo, es la estabilidad misma del Estado de Derecho.
