La Procuradur?a General de la Naci?n acaba de anunciar que les ha abierto indagaci?n preliminar a 28 alcaldes del pa?s, entre los que est?n no solo el de nuestra capital, sino de los departamentos de Caldas y Quind?o, por la presunta falta de diligencia en la protecci?n de los derechos de los reclusos de las c?rceles que hay en sus respectivas jurisdicciones.
Considera el Ministerio P?blico que las distintas alcald?as han pecado por ?falta de diligencia y efectividad para la toma de medidas de orden presupuestal, de planeaci?n y administrativo para proteger los derechos de la poblaci?n carcelaria?; y a regl?n seguido el jefe de ese ente de control ha dicho que ?muchos alcaldes ni siquiera se han dignado responder las solicitudes de la Procuradur?a?.
Es cierto que a los municipios les cabe la responsabilidad de atender algunas de las necesidades y requerimientos de los reclusos de sus respectivos centros de reclusi?n y que deben disponer de las partidas presupuestales necesarias para cumplir con estas obligaciones; pero nos preguntamos si las administraciones correspondientes son las que tienen que responder por el hacinamiento que hay en los penales del pa?s y todo lo que de este fen?meno se deriva.
No creemos que la sobrepoblaci?n que hay en las c?rceles del pa?s, que la corrupci?n que allí se ha encubado, que su grave problema sindical, que el maltrato, la inseguridad, la ausencia de garant?as y la falta de atenci?n en salud que allí se vive, y que el poder del dinero que impera en su interior; sean culpa de las alcald?as municipales.
A los funcionarios de las administraciones municipales si acaso se les deja entrar el ?D?a de las Mercedes? cuando van a asistir a los actos conmemorativos que preparan y realizan los directivos locales del Inpec y a llevar algunos detalles a quienes por distintas razones permaneces privados de la libertad; pero, de resto, a las c?rceles no se les permite ni arrimar.
Por eso, creemos que los ?nicos responsables de lo que pasa de puertas para adentro de las c?rceles, de que se les garantice a los detenidos sus más elementales derechos, de que se les brinde atenci?n oportuna en salud, de que su vida no corra peligro, de que tengan la m?nima alimentaci?n requerida y, sobre todo, de que pueda desaparecer el hacinamiento que hoy agobia a todos los centros de reclusi?n del pa?s; es el Instituto Penitenciario y Carcelario.
Nos parece, pues, oportuno que se requiera a los alcaldes para que cumplan con sus obligaciones presupuestales y administrativas en relaci?n a los centros carcelarios de su jurisdicci?n; pero responsabilizarlos de las violaciones a los derechos humanos que se dan todos los d?as en estos lugares, es buscar el ahogado r?o arriba.
