Si el Gobierno quiere evitar que este episodio se convierta en el símbolo definitivo de su fracaso ético y administrativo, debe facilitar que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias.
El gobierno de Gustavo Petro prometió ser el de la transparencia, el cambio y la lucha frontal contra la corrupción. Esa bandera fue el principal argumento con el que conquistó la confianza de millones de colombianos. Hoy, sin embargo, esa promesa se encuentra hecha jirones por una cadena interminable de escándalos que han terminado por convertir la corrupción en uno de los signos más vergonzosos de este cuatrienio.
Las gravísimas denuncias que rodean a las hermanas Guerrero y las explosivas revelaciones formuladas por la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, no pueden despacharse con el desdén presidencial ni con la descalificación de quienes decidieron hablar. Cuando las acusaciones apuntan al posible uso indebido del poder, al tráfico de influencias, inclusive a la amenaza contra la vida, o a la existencia de redes enquistadas en las más altas esferas del Estado, la obligación no es desacreditar a los denunciantes sino establecer toda la verdad.
El país no puede aceptar que semejantes hechos terminen diluyéndose entre comunicados oficiales, anuncios de investigaciones o interminables procesos que jamás concluyen. Colombia ya conoce demasiado bien ese libreto. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes actuaron, quiénes se beneficiaron, quiénes guardaron silencio y quiénes permitieron que esas conductas prosperaran desde el interior del Gobierno.
La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tienen el deber de actuar con absoluta independencia, sin contemplaciones y con la celeridad que exige un caso de semejante trascendencia. No bastan las aperturas formales de indagaciones para tranquilizar a la opinión pública. Lo que el país reclama son resultados, responsabilidades individuales y sanciones ejemplares para todos los involucrados, cualquiera sea su cargo o cercanía con el poder.
Más grave aún resulta la actitud del Presidente. Un jefe de Estado no puede limitarse a señalar de enfermos mentales cuando está frente a denuncias que comprometen su propia honestidad. Mucho menos puede reducirlas a ataques políticos o campañas de desprestigio. Esa respuesta, lejos de disipar las dudas, alimenta la sospecha de que existe una preocupante condescendencia frente a unos hechos que lesionan profundamente la confianza ciudadana.
La corrupción no desaparece porque se niegue, ni porque se descalifique a quienes la denuncian. Desaparece cuando la justicia actúa con firmeza, cuando los responsables responden ante los jueces y cuando el poder deja de convertirse en refugio para la impunidad. Esa es la única respuesta compatible con un Estado de Derecho.
Si el Gobierno quiere evitar que este episodio se convierta en el símbolo definitivo de su fracaso ético y administrativo, debe facilitar que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias. De lo contrario, estos escándalos quedarán como el más lastimoso crespón que la administración Petro le pone a su cuatrienio y como la prueba de que la lucha contra la corrupción terminó siendo una promesa traicionada por la propia realidad.
