Todo esto ratifica la incapacidad de las autoridades penitenciarias para vigilar a quienes están gozando del brazalete y de garantizar que cumplan con las obligaciones que impone el beneficio.
El aumento escandaloso de los casos de personas que fueron capturadas luego de cometer un hecho punible y se les encontró que llevaban puesto el brazalete que los identifica como un delincuente que está pagando una condena por la comisión de otro delito y está gozando del beneficio de casa por cárcel; tiene que invitar a las autoridades a estudiar este problema y a buscar una solución que evite que los criminales se sigan burlando de la justicia y que los ciudadanos acaben de perder la confianza en la justicia.
Según un informe del Centro de Reclusión Virtual, durante el año 2025 se presentaros 232 casos de reclusos portadores de este dispositivo que resultaron vinculados a nuevos procesos penales, es decir que fueron capturados cometiendo un delito, mientras estaban pagando una condena por otro delito y gozando del beneficio de casa por cárcel.
Algo más, de acuerdo con el documento del Cervi, cada mes en promedio 41 equipos son dañados o inutilizados por quienes los llevaban puestos y solo en lo que va corrido de este año, 23 condenados y portadores del brazalete se fugaron de los lugares domiciliarios que les fueron asignados para pagar la pena y donde debían cumplirla, lo que significa que cada cinco días un preso con el dispositivo viola la medida aseguramiento.
Lo más preocupante de esto es que cada vez los jueces recurren más al mecanismo del brazalete, mientras las medidas y las estrategías para vigilar y controlar que quienes están beneficiados con este elemento cumplan con su obligación de permanecer en el lugar asignado de reclusión, no muestran ningún avance.
Prueba de esto es que mientras en el 2023, los jueces le concedieron el beneficio del brazalete a 3.942 personas, el año pasado los privilegiados con este elemento casi llegaban a 5.000 y en los primeros tres meses de este año ya iban 1.225, lo que hace pensar fácilmente que la cifra del 2026 será mucho más alta que la del año pasado.
Todo esto ratifica la incapacidad de las autoridades penitenciarias y carcelarias del país para vigilar a quienes están gozando del beneficio del brazalete y de garantizar que esas personas cumplan con las obligaciones que les impone la medida y en especial de no desbordar los límites de reclusión impuestos.
Y mientras esto ocurra, un preso condenado por un delito grave y beneficiado con el brazalete electrónico, que, violando su obligación de no salirse del perímetro asignado, está en la calle cometiendo nuevos delitos, no puede seguir gozando del tratamiento especial y las autoridades judiciales deben de remitirlo a un establecimiento carcelario sin privilegios, si no se quiere que ese delincuente siga haciendo de las suyas, o no es que se fugue del sitio que se le ha sido asignado supuestamente de reclusión.
