No puede ser más triste y doloroso el balance de las personas lesionadas con pólvora en el Departamento. Contrario a disminuir este año el número de quemados con el letal producto, aumentó al menos el 24% al pasar de 17 casos en el 2020 a 21 en la temporada que acaba de terminar, según el reporte oficial entregado por las autoridades de salud.
Lo más lamentable de esto es que de las 21 personas quemadas en esta navidad, siete fueron niños y menores de edad, es decir uno de cada tres lesionados, lo que significa un alto grado de responsabilidad de los padres de familia y en general de los mayores, en el resultado final de los afectados con el producto.
La pregunta obvia es, si la producción, almacenamiento, distribución y venta de pólvora está prohibida en general en el país y en especial en el Departamento, ¿por qué ocurre esto, por qué se consigue este producto en el mercado con tanta facilidad, por qué se oye reventar pólvora en todos los rincones de la ciudad desde el primero de diciembre y por qué ninguna autoridad lo impide?
La pólvora no es un producto como otros que cuando circulan entre la gente y lo consumen, no es fácil detectarlos. Este es un producto que cuando se quema se observa desde cualquier lugar de la ciudad con la característica además que rara vez una persona quema una papeleta o un chorrillo y no más.
Los adictos y aficionados a esta práctica acostumbran comprar y quemar grandes cantidades, con la particularidad de hacerlo no un solo día, sino durante todo el mes de diciembre. ¿Por qué entonces, las autoridades no le hacen seguimiento a estos casos y se verifica la procedencia de la pólvora, las medidas de seguridad para su utilización y la idoneidad de quienes lo hacen?
Qué tan difícil es disponer de unas brigadas móviles que cuando se vea que están quemando pólvora en algún sitio de la ciudad se llegue inmediatamente y se compruebe, primero si hay menores participando de la actividad y luego qué tipo de producto se esta usando, dónde se compró y en qué condiciones se está haciendo.
De otro lado, han quedado en entredicho las campañas preventivas y educativas que adelantaron las autoridades tanto departamentales como municipales, sobre el buen manejo de la pólvora, la prohibición a los menores para la manipulación y las medidas que hay que tomar en cualquier caso con el producto. Un aumento del 24% en los casos quemados, que entre otras cosas no son todos porque la totalidad de las personas afectadas no recurren a un centro médico, es además de alto, muy preocupante.
Ojalá, estos dolorosos resultados sirvan para que desde ahora las autoridades revisen lo que se ha hecho e ideén con tiempo una estategia que permita evitar que tantas personas, especialmente menores y niños, resulten quemados con pólvora y revertir unos datos que si bien están por debajo del promedio nacional, son igualmente alarmantes.
