Una práctica inconveniente

Según Transparencia por Colombia, una de cada tres personas que entrega recursos para ayudar a financiar una campaña política, recibe, una vez posesionado el candidato, contratos de su administración. Y lo más grave, en muchas ocasiones el monto recibido en contratación supera en 80 veces la suma aportada.

Esta conclusión se desprende del seguimiento que esta entidad le ha hecho a los alcaldes y gobernadores elegidos en los comicios del 2015 y que están terminando su período. Al menos la tercera parte de quienes financiaron sus campañas, han contratado con ellos entre el primero de enero de 2016 y el 30 de septiembre pasado.

Por supuesto, que no es ilegal que una persona que le aportó a una campaña, después pueda recibir contratos del candidato que ayudó. La ley solo limita que la ayuda no sea superior al 2% del tope de gastos de la campaña. Sin embargo, no hay duda de que esto puede generar desequilibrios y eventuales conflictos de intereses.

En el país y en especial en algunas regiones se ha vuelto práctica válida y muy socorrida por algunos contratistas invertir en una campaña para que está le devuelva, con creces y una vez elegida, la cifra invertida. Es más, muchos partidos tienen una lista de personas que le juegan a esta modalidad y que los buscan en cada elección para que ayuden a financiar al candidato de turno.

Estas personas, por supuesto, saben que lo que aportan lo recuperan varias veces, si gana el candidato. Todo esto ayudado por una ley que facilita la contratación directa o que permite que, en la elaboración de los pliegos de licitación, se incluyan cláusulas o condiciones que dejan por fuera otros proponentes y prácticamente le aseguran la adjudicación al aportante.

Según el estudio de Transparencia por Colombia, en los gobiernos elegidos en las elecciones del 2015, el 80% de los contratos celebrados hasta septiembre pasado, fueron otorgados por contratación directa, una modalidad que permite escoger el contratista a dedo y contratarlo por el valor que prácticamente se quiera.

Y no hay mayor fuente de corrupción que la contratación directa en el sector público. Si una entidad territorial tiene la posibilidad de adjudicar y contratar a dedo y además por un valor que no tiene competidor, esto no solo se presta para pagar los aportes de campaña, sino para dar una coima a quien lo adjudique.

Por todo esto es que se hace tan importante el proyecto de ley que hoy hace curso en el Congreso y que establece la obligación de adoptar un pliego único de proponentes. Esta norma con seguridad no erradicará del todo los aportes de campaña con la esperanza de recibir luego contratos del Estado, pero si creemos que reduce sustancialmente esta inconveniente práctica.