Un atentado contra la seguridad

Una ardua polémica se ha formado a raíz de la demanda que un estudiante de Derecho hizo ante la Corte Constitucional del artículo del Código de Convivencia Ciudadana que autoriza a la Policía a requisar a cualquier ciudadano en la calle o a conducirlo a una estación de policía para realizarle el procedimiento, cuando la persona se resiste a que lo requisen.

Sostiene el demandante de la norma y las personas que comparten su criterio, que el contacto personal del uniformado con el ciudadano o con sus bienes cuando se procede a hacer la requisa, es una violación a la intimidad de la persona y que el traslado del ciudadano a la unidad de policía cuando hay necesidad de hacerlo porque hubo resistencia al procedimiento normal, supone un juicio anticipado de su comportamiento, lo que constituye una violación al debido proceso.

Por el contrario, la Policía y quienes defienden el artículo, afirman que la norma no está dirigida a reprimir al ciudadano, sino que tiene el carácter simplemente preventivo y la conducción a una estación de policía es una cuestión meramente de procedimiento y en ningún caso desproporcionada, y una acción en cumplimiento del objeto misional de la Policía.

¿Cómo haría entonces -nos preguntamos nosotros- la Policía para velar por la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos, si la ley no le permitiera requisar a una persona que, por cualquier circunstancia, es un sospechoso de estar armado o constituye un riesgo para la sociedad? ¿Cómo haría para salir de la duda, sino es solicitándole una requisa a la persona?

Igual sucede con los bienes de una persona. Si hay la información o la sospecha de que un individuo lleva en su carro droga, o armas, o esconde un secuestrado, cómo hacen las autoridades, sino es registrando el vehículo, para verificar si lo que se cree es cierto y se está ante un peligroso delincuente, o simplemente se trata de una equivocación.

Quién caminaría tranquilo por la calle, o se montaría en el Megabús, o iría seguro al parque o a un centro comercial con sus hijos, si no sabe si la persona que camina detrás, o comparte la silla del bus, o lo observa sentado al frente en una banca, tiene debajo de la camisa un cuchillo, o en el bolsillo de la chaqueta un arma de fuego; y lo peor, si teniendo la sospecha cierta de que es así, se lo informa al primer agente de policía que ve y este no puede hacer nada, porque violaría el derecho fundamental a la intimidad del posible delincuente.

Acoger, pues, la teoría del demandante de la norma sería no solo un atentado contra la misión de la Policía y el derecho también constitucional del ciudadano a la tranquilidad y a la seguridad; sino darle patente de corso a la delincuencia para que cometa todos los atropellos y los perores delitos contra los ciudadanos de bien.