En medio de una creciente ola de amenazas contra la vida y el ejercicio libre de la profesión, los periodistas del país y de muchas partes del mundo celebran hoy el “Día Internacional de la Libertad de Prensa”.
En Colombia, según la “Fundación para la Libertad de Prensa” (FLIP), las violaciones a la profesión, que van desde agresiones, atentados, amenazas, retenciones, secuestros, hostigamiento y acoso judicial, hasta el robo o la eliminación del material periodístico, y la obstrucción a su trabajo, se han duplicado desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc en el año 2016.
Mientras entre el 2014 y el 2016 se registraron 257 casos en el país de amenazas contra periodistas, entre el 2017 y el 2019, las arremetidas contra los profesionales de la información fueron 583, lo que ha obligado a más de quince de estos a abandonar su lugar y buscar refugio en otros lugares.
Pero para no hablar sino de la terrible cuenta de los periodistas asesinados, el año pasado 67 personas que ejercían este oficio perdieron la vida a cusa de su profesión y 768 sufrieron algún tipo de agresión. Y algo verdaderamente preocupante, mientras en el 2020 se presentaron 152 amenazas, 30 agresiones físicas, 31 obstrucciones al acceso de la información y 40 hostigamientos; en el 2021 hubo 172, 168, 43 y 65, respectivamente, lo que demuestra el deterioro de las condiciones en que se está ejerciendo este oficio.
Esto sin contar todos aquellos que, de distinta manera, como por ejemplo la interceptación de sus llamadas o el seguimiento de entidades del Estado a sus actividades personales o profesionales, o la condena simplemente por opinar contra un dirigente político; han sido violentados en su labor.
Es probable que en este aterrador cuadro haya alguno cuya muerte o amenaza no se deba a la molestia e incomodidad que crea el ejercicio libre del periodismo, o la denuncia franca y valerosa de los excesos que en uno u otro lugar cometen los grupos al margen de la ley y también algunos políticos y funcionarios públicos; pero no hay duda de que la inmensa mayoría ha caído en ese juego cruzado de intereses y poderes, y en el cumplimiento de su misión de informar con objetividad, responsabilidad y valor civil.
En el país el ejercicio del periodismo es todos los días una actividad más peligrosa, más difícil de ejercer y más odiosa para los corruptos, para los delincuentes de cuello blanco, para los narcotraficantes, para la subversión, para los paramilitares, para los funcionarios confianzudos y en general para todos los que se llevan de calle la ley. Quien se atreva a denunciar cualquiera de estas actividades ilícitas queda de inmediato en la mira de estos y de sus violentas organizaciones.
Por eso, no es suficiente que el gobierno sea respetuoso de la prensa y garantice a todos los medios el libre acceso a la información, garantías que vale la pena decirlo en Colombia se ha dado tradicionalmente, sino que además se le brinde a quienes ejercen el periodismo, protección y condiciones de seguridad suficientes para cumplir sin riesgos con su misión de informar con veracidad y objetividad, pilares inamovibles de la libertad de prensa.
