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martes, agosto 16, 2022

Decisión inocua

La Corte Constitucional acaba de declarar inconstitucional el Acto Legislativo 01 de 2020 aprobado por el Congreso de la República y mediante el cual se modificó el artículo 34 de Carta Política suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la cadena perpetua revisable, en los casos de homicidio en modalidad dolosa y acceso carnal que implique violencia, en menor de edad.

Consideró el Alto Tribunal, al estudiar una demanda presentada por el Grupo de Prisiones de la Universidad de Los Andes contra el Acto Legislativo, que acoger una sanción como la prisión perpetua, configura un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la garantía de resocialización de las personas condenadas.

Dijo además la Corte al emitir el fallo, que el Congreso transgredió su poder de reforma, al incluir la pena de prisión perpetua revisable, en el artículo 34, pues afectó un eje definitorio de la Carta como lo es el estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana, y, en consecuencia, sustituyó la Constitución.

Por supuesto, la decisión de la Corte ha generado reacción en muy buena parte del país. De la misma manera que muchos colombianos pensaron, cuando el Congreso aprobó el acto legislativo, que los asesinos y violadores de niños ahora si se iban, para utilizar un dicho popular, a pudrir en las cárceles; ahora creen que con la caída de la norma, estos van a quedar libres.

Ahora, los que nunca estuvieron de acuerdo con la reforma constitucional, pero no porque violara la Carta, que en realidad fueron muy pocos, sino porque creían que condenar una persona a permanecer  toda la vida encerrado en una cárcel, así hubiera cometido el más horrendo crimen, y no darle ninguna oportunidad de arrepentirse y resocializarse, es un acto inhumano; claro que están de plácemes.

Sin embargo, cómo lo dijimos hace un año en este mismo espacio cuando el Congreso aprobó la reforma constitucional, ni la norma hacía que los dramáticos casos de violencia contra los niños y menores de edad se redujeran, ni que la mayoría de los responsables de ellos fuera judicializada y recibiera un castigo.

El  registro de los casos de homicidios y violencia contra niños, que han sido esclarecidos por la Justicia y sus autores capturados y mantenidos privados de la libertad, es mínimo. La inmensa mayoría de los procesos permanece en los anaqueles de los juzgados y los señalados como responsables e investigados, en libertad por vencimiento de términos o por cualquier figura de las tantas que traen nuestros códigos.

Independiente, entonces, de los argumentos jurídicos que tuvo la Corte para declarar inexequible el Acto Legislativo 01 de 2020, que por supuesto son respetables y hay que aceptar, creemos que en la práctica esta decisión ni va a sacar a los homicidas a la calle, porque ya están, ni va a aumentar más los casos de homicidios y de violencia sexual contra los niños. Simplemente esta es una decisión inocua.

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