No pueden ser más decepcionantes los datos que acaba de entregar la Policía Nacional sobre el desarrollo del Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025, en materia de investigación y esclarecimiento de los homicidios que ocurren en el país.
Según lo consignado en este informe, de los 7.510 asesinatos que han ocurrido en el país entre el primero de enero y el 22 de julio, solo algo más de 2.000 han sido aclarados, el resto está en la impunidad. Esto significa, ni más ni menos, que de cada cuatro hechos de esta naturaleza solo de uno se conoce quien o quienes fueron sus autores.
Se pensará que la mayoría de los asesinatos que ocurren en el país son ataques sicariales que tienen que ver con ajustes de cuentas por problemas relacionados con el tráfico y comercialización de drogas ilícitas, y de hecho es cierto, el 57% de los homicidios cometidos este años fueron bajo esta modalidad; pero también lo es que en estos casos se conocen los antecedentes de la víctima y las actividades a que se dedicaba, lo que no hace difícil saber hacia donde se deben dirigir las investigaciones y en donde buscar los responsables.
El solo hecho de pensar que únicamente por lo ocurrido este año, de los 7.500 asesinos hay en la calle viviendo y compartiendo con todos los colombianos el transporte publico, las plazas y parques, los estadios, los ciclo paseos y los supermercados, al menos 5.500, produce escalofrío.
Con qué tranquilidad un ciudadano sale a la calle, o se monta al bus, o va con su familia a hacer ejercicio, o lleva sus niños a jugar al parque, o va a la tienda de la esquina, o camina hasta el supermercado, si sabe que las calles están inundadas de asesinos que se montaron en una moto, fueron y le descargaron el revolver a una persona, y parte sin novedad.
Esto para no hablar de todos los atracadores, ladrones de celulares, extorsionistas, violadores de menores, explotadores sexuales, fleteros y saqueadores de almacenes, que han sido capturados en flagrancia y puestos a disposición de la Justicia; pero que los jueces respectivos no los han encontrado peligrosos para la sociedad.
El país y por supuesto la ciudad, no pueden seguir viviendo en medio de asesinos y delincuentes que ya saben que la Justicia es incapaz de investigarlos y judicializarlos para que paguen por sus horribles delitos, y por tanto siguen cometiendo todas sus fechorías en las propias narices de la Policía.
Es urgente, pues, adoptar las medidas y recomendaciones que contempla el Plan Nacional de Política Criminal para combatir el delito, pero especialmente para perseguir y poner tras las rejas a quienes todos los días le quitan la vida a mas colombianos y siembran de intranquilidad las ciudades.
