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Pereira
viernes, agosto 12, 2022

Una violación flagrante

Tal como todos lo esperaban, los únicos que se negaban a aceptarlo eran el Gobierno y buena parte del Congreso, la Corte Constitucional declaró inexequible la reforma de la Ley de Garantías que el Legislativo aprobó, estimulado por la administración, el año pasado, y que permitió hasta hoy celebrar convenios con las entidades territoriales para ejecutar programas contemplados en el Presupuesto General de la Nación.

Constitucionalistas y no constitucionalistas advirtieron en su momento que la reforma se estaba tramitando mediante una ley ordinaria, la Ley de Presupuesto, y no a través de una ley estatutaria como lo manda la Constitución, lo que hacía prever un desenlace como el que ahora, por abrumadora mayoría, sentenció el Alto Tribunal.

“Esta violación, dice la ponencia de la magistrada Diana Fajardo aprobada por la Sala con votación ocho contra uno, además, fue flagrante, porque no había duda sobre los trámites constitucionales exigidos para modificar una ley estatutaria y la prohibición de incluir en una ley anual de presupuesto una materia estatutaria; ni respecto al contenido estatutario del referido enunciado”

Todo índica que el Congreso omitió darle el trámite de una ley estatutaria para evitar el control posterior por parte de la Corte Constitucional, que este tipo de leyes tiene. Sin embargo, las 28 demandas contra el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 admitidas por el Alto Tribunal, obligaron a este a pronunciarse sobre el polémico mico.

Lo que si no se esperaba es que la Corte le haya dado efectos retroactivos a su decisión para, según ella, zanjar la gravedad de la afectación a los principios constitucionales que violó el Congreso al no tramitar la modificación por la vía estatutaria, más aún cuando se trataba de una norma que tiene por objeto garantizar la transparencia y el  equilibrio electoral.

Conforme al fallo, desde el pasado jueves no se podrán entonces, hacer nuevos convenios interadministrativos fundamentados en la tumbada reforma, los que están en trámite de formalización deberá suspenderse su perfeccionamiento y los que ya estén en ejecución deberán liquidarse inmediatamente, sin perjuicio de la devolución de los recursos girados y no ejecutados, y de las restituciones a que haya lugar.

Como siempre en este caso tampoco habrá responsables, porque los congresistas no lo son en su tarea legislativa, así la equivocación, como en este caso, sea evidente; el Gobierno hizo su labor de estimulación de la reforma de manera clandestina y los funcionarios respectivos realizaron los convenios amparados en la vigencia de la norma.

Lo que sí habrá es perjudicados y perdedores, empezando por la comunidad que no podrá tener las obras que tanto necesita, por el Estado que jamás recuperará los recursos que ya entregó, por la credibilidad del Congreso que una vez más se vió manoseada por quienes a sabiendas permanecieron en el error y por la transparencia electoral que otra vez fue violada.

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