Risaralda enfrenta, en resumen, un doble desafío demográfico: menos nacimientos y mayor envejecimiento; y, paradójicamente, más maternidad temprana en condiciones de alta vulnerabilidad.
La marcada caída de los nacimientos en Risaralda, solo 19 en promedio por día confirmada por el más reciente informe de “Estadísticas Vitales” del DANE, no es un dato más en la serie de cifras que lleva esta entidad, es una señal de alerta que compromete el presente e inquieta el futuro del departamento.
En 2025 se registraron apenas 6.952 nacimientos, la cifra más baja en las últimas dos décadas, aunque en comparación con el 2024 la disminución fue de apenas 565 casos, confirmando una tendencia que también se observa a nivel nacional. Menos niños nacen, mientras la estructura demográfica se transforma aceleradamente.
Este fenómeno tiene múltiples explicaciones: cambios culturales, dificultades económicas, mayor acceso a la educación y a métodos de planificación familiar, así como la postergación de la maternidad. Sin embargo, sus consecuencias van más allá de lo inmediato. Una menor tasa de natalidad implica, en el mediano plazo, una reducción de la población en edad productiva, con efectos directos sobre el mercado laboral, la sostenibilidad del sistema pensional y el dinamismo económico.
Esta situación resulta aún más compleja si se tiene en cuenta que Risaralda registra la tasa más alta de envejecimiento del país. Esto significa que cada vez hay más adultos mayores en proporción a la población joven, lo que incrementa la presión sobre los sistemas de salud y protección social. Se configura así un escenario en el que menos trabajadores deberán sostener a una población creciente de jubilados, un desafío que exige planeación y decisiones de largo alcance.
Pero además de esta realidad surge otra preocupación igualmente grave: el aumento de los nacimientos en niñas entre los 10 y los 14 años. Este dato, más que una cifra, refleja profundas fallas sociales, educativas y de protección. El embarazo infantil no solo es un delito que vulnera derechos fundamentales, sino que perpetúa ciclos de pobreza, limita oportunidades y compromete el desarrollo integral de las menores.
Frente a este panorama, las respuestas no pueden ser aisladas ni coyunturales. Se requiere una política pública integral que combine incentivos a la natalidad responsable, fortalecimiento de los sistemas de cuidado, apoyo a las familias jóvenes y garantías reales para conciliar vida laboral y familiar. Al mismo tiempo, es urgente reforzar la educación sexual, la prevención de violencias y la protección efectiva de niñas y adolescentes.
Risaralda enfrenta, en resumen, un doble desafío demográfico: menos nacimientos y más alto envejecimiento en general; y, paradójicamente, más maternidad temprana en condiciones de alta vulnerabilidad. Reconocer la dimensión de este problema es el primer paso. Actuar efectivamente, el más urgente. Porque de ello depende no solo el equilibrio poblacional, sino la equidad y el bienestar de las generaciones futuras.
