Con la información que da cuenta de que los trabajos de construcción de la nueva cárcel en El Pilamo, están suspendidos desde hace días, la posibilidad de que esa obra se haga y con ella se pueda aliviar un poco el hacinamiento carcelario que hay en el país, está cada vez más lejos.
El proyecto de El Pilamo es una obra que ha sufrido todas las vicisitudes. Desde la escogencia del lugar que tuvo la oposición cerrada de los habitantes del sector, hasta las dificultades para garantizar el suministro de los servicios públicos básicos necesarios para operar, pasando por los problemas de acceso al lugar y, sobre todo, de asignación de los recursos suficientes para su construcción; y que cuando se superaron todos estos inconvenientes, aparece esta nueva situación.
La razón de la suspensión de las obras parece ser que el contratista responsable de los trabajos ha solicitado en varias oportunidades un ajuste en el presupuesto de la construcción por el alza exagerada de varios de los materiales básicos y el Gobierno ni siquiera ha considerado la petición.
El presidente Petro y su ministro de justicia han dicho varias veces que en su gobierno no se invertirá un solo peso en nuevas cárceles para el país. Como lo confirman la recién sancionada ley que deja en libertad a 5.000 mujeres que están condenadas por delitos de robo y microtráfico, así como las sucesivas solicitudes a la Fiscalía para que deje en libertad a cabecillas de organizaciones criminales condenados por delitos atroces, la política del Gobierno es sacar a la calle los delincuentes en vez de aislarlos de la sociedad en los distintos centros penitenciarios del país.
En estas condiciones, difícilmente el Gobierno irá a considerar siquiera la solicitud de ajuste de precios de los contratistas de El Pilamo. Lo más fácil para su decisión de no construir nuevas cárceles es no aprobar los incrementos solicitados y dejar que la obra, que no la quiere y que al paso que va tampoco se va a necesitar, se quede empezada.
Lo que sí por lo menos debía considerar el Gobierno Nacional es darle unas unas condiciones dignas a quienes por alguna circunstancia el delito que cometieron no está en la lista de los que está perdonando e indultando el presidente Petro, y tienen que permanecer privados de la libertad.
Hoy todas las cárceles del país, sin excepción, además de soportar un alto grado de hacinamiento, son unos lugares indignos para cualquier ser humano. Esto sin contar con los centros de detención provisional que están ofreciendo iguales o peores condiciones de sobrepoblación, de salubridad y de seguridad.
No puede, pues, ser más oscuro el panorama de la nueva cárcel regional. Una obra que apenas tiene un 23% de ejecución, que proyecta unos costos superiores en mucho a lo que se había proyectado, que está suspendida esperando un ajuste presupuestal y que no está para nada en los planes del actual gobierno.
