La semana pasada algunos medios de comunicación del país acogieron una información sobre la supuesta vinculación del senador Samy Merheg con una organización paramilitar que está siendo investigada por el posible desvío de los dineros del programa OCAD paz para la construcción de vías en algunas regiones del país.
Dentro de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia fue citada la representante a la cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, quien aprovechó una entrevista con este periódico para recordar que, además del senador Merheg, el Alto Tribunal también investiga al doctor Juan Pablo Gallo y al representante Diego Patiño.
La investigación al hoy senador Gallo viene desde hace siete años cuando era alcalde de Pereira, por una acusación de enriquecimiento ilícito que le fue formulada ante la Fiscalía General de la Nación y que ahora fue asumida por la Corte Suprema de Justicia ante su posesionó como senador de la República.
Y la indagación al representante Diego Patiño es para esclarecer su posible vinculación a una red delictiva dedicada a infiltrar la Fiscalía. Al parecer su nombre apareció en una declaración entregada por un fiscal en una operación contra una conocida organización criminal y cuyo texto fue filtrado a las autoridades judiciales.
Claro que no es bueno, ni para los tres congresistas, ni para Risaralda que la mitad de su representación parlamentaria tenga indagaciones abiertas en la Corte Suprema. En el caso de ellos, la sola notificación de la apertura de una investigación, les quita tranquilidad y concentración en sus labores legislativas; y en el del Departamento, les resta presencia y tiempo para todas las gestiones que hay que hacer ante el alto gobierno.
A nadie escapa que, por ejemplo, la suerte de los principales proyectos que tienen la Ciudad y el Departamento, en el actual Plan de Desarrollo, está en manos de los congresistas de Risaralda. De su gestión y de la tarea que hagan, dependerá, así ha sido siempre y en este gobierno con mayor razón, que sean tenidos en cuenta e incluidos en los presupuestos respectivos.
Y una persona que tiene pendiente un proceso o aún una simple indagación preliminar en la Corte, ni tendrá el tiempo para defenderse de las acusaciones que se le están haciendo y para representar los intereses de la región, ni tampoco la tranquilidad y el sosiego para ponerse al frente de una tarea que no es fácil, especialmente en un gobierno que, es evidente, está empeñado en arrebatarle los pocos recursos con que han contado las regiones, para llevarlos a los departamentos que lo eligieron.
No hay por que entonces alegrarse con las investigaciones que la Corte Suprema le ha abierto a tres de nuestros principales congresistas y mucho con que les vaya mal. Ya Risaralda vivió lo que fue perder la mitad de su presencia en el Senado, cuando el senador Soto perdió su curul por decisión del Alto Tribunal. Ojalá, entonces, los indagados puedan explicar sus actuaciones y tengan el tiempo y la disposición para ponerse al frente de los proyectos que difícilmente podrán defender los congresistas que hicieron parte de esa masa amorfa que eligió al actual presidente.
