La Corte Constitucional examin? la acci?n de tutela formulada por una ciudadana que buscaba la protecci?n de sus derechos a la vida, a la seguridad e integridad personal, ?los de los menores de edad?, a la honra y al buen nombre, la cual afirmaba hab?a sido vulnerada a trav?s de las redes sociales.
La solicitud de amparo se origin? en la publicaci?n que una usuaria de la red social Facebook realiz? en su muro, la cual inculpaba a la accionante de ser la autora de unos llamados ?pasquines? que circularon por el municipio de Campo de la Cruz (Atl?ntico) con presuntas afirmaciones deshonrosas sobre algunos de sus habitantes.

La accionante manifest? que a ra?z de la publicaci?n se propiciaron sentimientos de animadversi?n hacia ella entre la poblaci?n que se expresaron a trav?s de comentarios ofensivos y amenazantes dejados en el perfil de Facebook de la accionada, lo cual la hac?a temer que pudieran tomarse represalias contra ella y su familia.
La Sala de Revisi?n analiz? en este caso el alcance constitucional del derecho a la libertad de expresi?n y sus l?mites, los derechos de la honra y el buen nombre, y la protecci?n de la imagen de los ni?os, ni?as y adolescentes.

Al abordar el caso concreto, se evidenci? que la conducta identificada como hecho vulnerador, consistente en la acusaci?n de difundir ?pasquines? con murmuraciones indeterminadas sobre las personas, no posee la entidad suficiente para ser catalogada como un impacto tangible a la honra y al buen nombre susceptible de elevarse a nivel de violaci?n de derechos, dado que, como la Corte lo ha se?alado, ha de tratarse de reales descalificaciones inadmisibles en una democracia constitucional.

De esa manera, se subray? que la imputaci?n que se haga debe ser suficientemente intensa para generar un da?o en el patrimonio moral del sujeto, y que la gravedad de la misma no depende en ning?n caso de la impresi?n personal ni de la interpretaci?n que ?ste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que permita al juez avizorar la lesi?n del n?cleo esencial de los derechos a la honra y al buen nombre, lo cual ocurre cuando se endilgan delitos o conductas sancionables por el derecho, o cuando se atribuyen – comportamientos que, sin ser estrictamente punibles, suelen tener un grado significativo de reproche social.
De igual forma, con fundamento en las pruebas recaudadas, se constat? que las circunstancias actuales de la accionante no sugieren un peligro apremiante, inminente y grave que haga imperativa la intervenci?n del juez constitucional en defensa de los derechos a la vida y a la seguridad e integridad personal de la actora. Se estableci? que las publicaciones realizadas por la accionada por s? solas no configuran una vulneraci?n o amenaza a dichas garant?as; m?s all? de su tono displicente, no tienen la virtualidad para atentar materialmente contra la existencia de la tutelante, ni pueden ser enmarcadas como instigadoras de actos de violencia.

En redes prevalece la libertad de expresi?n.

Con respecto de este fallo, el magistrado Alberto Rojas R?os explic? la posici?n de la Corte Constitucional:
?La Corte Constitucional est? haciendo prevalecer el derecho a la plena libertad de expresi?n en redes sociales. El ?nico l?mite que tendr?a esta libertad es la conducta que termina tipific?ndose como un delito o que tiene afectaci?n probada y acreditada con respecto de los derechos fundamentales de un individuo. De lo contrario debe haber la m?xima protecci?n de los canales de expresi?n en redes sociales, m?xima protecci?n que lleva inclusive -quien lo creyera- a proteger aquellas expresiones desmedidas o desconsideradas que pudieran llegar a existir. Es m?s, hasta el anonimato mismo debe protegerse en el tema de las redes sociales porque, quiero insistir, es la prevalencia de la libertad de expresi?n, que no puede jam?s perder el rumbo y, de alguna manera, confrontar lo que podr?a ser la vulneraci?n de las conductas tipificadas en el C?digo Penal ni tampoco la vilneraci?n, concreta y fundamentada, de los derechos fundamentales?.

No obstante, en consideraci?n a las publicaciones efectuadas por otros internautas en el perfil de la demandada y como quiera que las amenazas son un delito contemplado en el art?culo 347 del C?digo Penal, se dispuso compulsar copias del expediente a la Fiscal?a General de la Naci?n, para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, investigue si los comentarios realizados por otros usuarios de la red social Facebook en el muro de la accionada deben ser tenidos en cuenta como amenazas serias contra la accionante, a fin de que se adopten las medidas que garanticen su seguridad e integridad personal y, si hay lugar a ello, se promueva el proceso tendiente a verificar qui?n(es) atenta(n) contra sus garant?as individuales.

Por otra parte, se estableci? que no se present? la vulneraci?n de los derechos de los ni?os, ni?as y adolescentes alegada en el escrito introductorio, en la medida en que no hay prueba alguna en el expediente que permita inferir un uso ileg?timo de la imagen de los hijos de la actora por parte de la accionada, ni los menores resultaron involucrados en la pol?mica originada por las publicaciones de esta ?ltima en la red social Facebook.

Por lo tanto, la Sala Novena de Revisi?n de Tutelas de la Corte Constitucional neg? la solicitud de protecci?n de derechos a la accionante.

 

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