La Corte Constitucional examinó la acción de tutela formulada por una ciudadana que buscaba la protección de sus derechos a la vida, a la seguridad e integridad personal, “los de los menores de edad”, a la honra y al buen nombre, la cual afirmaba había sido vulnerada a través de las redes sociales.
La solicitud de amparo se originó en la publicación que una usuaria de la red social Facebook realizó en su muro, la cual inculpaba a la accionante de ser la autora de unos llamados “pasquines” que circularon por el municipio de Campo de la Cruz (Atlántico) con presuntas afirmaciones deshonrosas sobre algunos de sus habitantes.

La accionante manifestó que a raíz de la publicación se propiciaron sentimientos de animadversión hacia ella entre la población que se expresaron a través de comentarios ofensivos y amenazantes dejados en el perfil de Facebook de la accionada, lo cual la hacía temer que pudieran tomarse represalias contra ella y su familia.
La Sala de Revisión analizó en este caso el alcance constitucional del derecho a la libertad de expresión y sus límites, los derechos de la honra y el buen nombre, y la protección de la imagen de los niños, niñas y adolescentes.

Al abordar el caso concreto, se evidenció que la conducta identificada como hecho vulnerador, consistente en la acusación de difundir “pasquines” con murmuraciones indeterminadas sobre las personas, no posee la entidad suficiente para ser catalogada como un impacto tangible a la honra y al buen nombre susceptible de elevarse a nivel de violación de derechos, dado que, como la Corte lo ha señalado, ha de tratarse de reales descalificaciones inadmisibles en una democracia constitucional.

De esa manera, se subrayó que la imputación que se haga debe ser suficientemente intensa para generar un daño en el patrimonio moral del sujeto, y que la gravedad de la misma no depende en ningún caso de la impresión personal ni de la interpretación que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que permita al juez avizorar la lesión del núcleo esencial de los derechos a la honra y al buen nombre, lo cual ocurre cuando se endilgan delitos o conductas sancionables por el derecho, o cuando se atribuyen – comportamientos que, sin ser estrictamente punibles, suelen tener un grado significativo de reproche social.
De igual forma, con fundamento en las pruebas recaudadas, se constató que las circunstancias actuales de la accionante no sugieren un peligro apremiante, inminente y grave que haga imperativa la intervención del juez constitucional en defensa de los derechos a la vida y a la seguridad e integridad personal de la actora. Se estableció que las publicaciones realizadas por la accionada por sí solas no configuran una vulneración o amenaza a dichas garantías; más allá de su tono displicente, no tienen la virtualidad para atentar materialmente contra la existencia de la tutelante, ni pueden ser enmarcadas como instigadoras de actos de violencia.

En redes prevalece la libertad de expresión.

Con respecto de este fallo, el magistrado Alberto Rojas Ríos explicó la posición de la Corte Constitucional:
“La Corte Constitucional está haciendo prevalecer el derecho a la plena libertad de expresión en redes sociales. El único límite que tendría esta libertad es la conducta que termina tipificándose como un delito o que tiene afectación probada y acreditada con respecto de los derechos fundamentales de un individuo. De lo contrario debe haber la máxima protección de los canales de expresión en redes sociales, máxima protección que lleva inclusive -quien lo creyera- a proteger aquellas expresiones desmedidas o desconsideradas que pudieran llegar a existir. Es más, hasta el anonimato mismo debe protegerse en el tema de las redes sociales porque, quiero insistir, es la prevalencia de la libertad de expresión, que no puede jamás perder el rumbo y, de alguna manera, confrontar lo que podría ser la vulneración de las conductas tipificadas en el Código Penal ni tampoco la vilneración, concreta y fundamentada, de los derechos fundamentales”.

No obstante, en consideración a las publicaciones efectuadas por otros internautas en el perfil de la demandada y como quiera que las amenazas son un delito contemplado en el artículo 347 del Código Penal, se dispuso compulsar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, investigue si los comentarios realizados por otros usuarios de la red social Facebook en el muro de la accionada deben ser tenidos en cuenta como amenazas serias contra la accionante, a fin de que se adopten las medidas que garanticen su seguridad e integridad personal y, si hay lugar a ello, se promueva el proceso tendiente a verificar quién(es) atenta(n) contra sus garantías individuales.

Por otra parte, se estableció que no se presentó la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes alegada en el escrito introductorio, en la medida en que no hay prueba alguna en el expediente que permita inferir un uso ilegítimo de la imagen de los hijos de la actora por parte de la accionada, ni los menores resultaron involucrados en la polémica originada por las publicaciones de esta última en la red social Facebook.

Por lo tanto, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional negó la solicitud de protección de derechos a la accionante.

 

31,334 total views, 13 views today