En Pereira se cumplió ayer el primero de una serie de foros programados por la Corte Constitucional para someter a examen la realidad en torno a las redes sociales, frente a las tendencias que existen entre los colombianos de ponerles límites o de respetar su libertad. La presidenta de la Corte, Gloria Stella Ortiz Delgado, quién asistió a este foro inicial en la Universidad Católica de Pereira, indicó que se trató de un evento de la máxima altura en donde se propició un acercamietno a la preocupación que existe en torno a las redes sociales y a las angustias que se están generando en la sociedad. Indicó Ortiz Delgado que la Corte privilegia la prevalencia del derecho a informar y a estar informado, pero que en el caso de las redes sociales el tema debe ser objeto de un debate más amplio y con la participación de muchos actores sociales.

¿Es posible ponerle límites a las redes sociales?
Esa es una de las tareas que tiene que emprender la Corte Constitucional al resolver los casos que se someten a su consideración. Esta es una sociedad realmente dividida en términos de opinión pública respecto de este tema, hay muchas personas a las que les preocupa profundamente limitar la libertad de expresión porque los países donde las libertades se restringen se dirigen a autoritarismos y eso se ve con angustia. Pero hay muchas otras que también están línea de la necesidad de restringir la libertad de expresión porque el grado de afectación de derechos es evidente, salta a la vista. Así que la Corte se debate entre la libertad y la restricción.

¿Pero ya hay algunos fallos de la Corte sobre la materia?
La Corte ha fallado muchos casos en medios masivos de comunicación, allí tenemos una línea jurisprudencial bastante definida y clara, en donde la Corte asume una línea norteamericana que privilegia el derecho a la información y a estar informado. En las ponderaciones de derechos, o sea cuando hay tensión con otro derecho, siempre ha dado prevalencia a los derechos a la libertad de expresión y de información. Pero en redes sociales, la Corte está iniciando su estudio, hay salas de revisión que ya empezaron a proferir decisiones, las que están conformadas por tres magistrados. Hay la tendencia a dejar las redes sin intervención del estado, pero la decisión que va a unificar y a definir líneas jurisprudenciales vendrá de la Sala Plena de la Corte Constitucional que aspiramos se pronuncie en dos o tres meses.

¿En foros cómo éste, que tendencias se advierten al respecto?
Eso es un tema como de generación: la gente joven es más proclive a la libertad y y la gente un poco más adulta lo es a la restricción. En este país que se polariza en posiciones está muy marcado que la tendencia en edades mayores está a restringir la libertad de expresión, a impedir que se expresen opiniones y comentarios que puedan resultar dañinos u ofensivos, mientras que la gente más joven es más proclive a la libertad.

¿Se debe aplicar censura a las redes sociales frente a casos como la invitación al suicidio en jóvenes, como ocurrió en Pereira?
Sí, esa es una situación que preocupa a la Corte Constitucional: hasta dónde y quién debe intervenir cuando se trata de fijar una información en redes sociales. La Corte es más proclive y tiene una línea jurisprudencial de la Sala Plena hacia establecer que las redes se manejan por el principio de neutralidad. La línea actual es que los administradores de las redes no pueden tomar decisiones para calificar contenidos, será entonces la Sala Plena, nuevamente, ahora en estos casos que tiene si mantiene la línea de neutralidad o la cambia. Ahora los administradores, como Google, puede entrar y determinar si están invitando al suicidio y tienen que retirarla o si su tarea es más de vigilante que de censurador para efectos de la definición de contenidos. Ese es uno de los temas que nosotros debemos definir, porque la tesis que hoy tenemos es la de neutralidad.

¿Qué pasa con esos contenidos cuando están invitando a homicidios o a suicidios?
Hoy hay un tipo penal, es delito incitar al suicidio, motivar al suicidio. Está contemplado en el Código Penal, pero nosotros en la Corte Constitucional administramos la defensa de los derechos fundamentales más que la sanción. La sanción, por alguna conducta penalmente reprochable, les corresponde a otros jueces.

¿Hay restricciones para los medios al usar expresiones como suicidio o mencionar derivados porque pueden incitar a más casos como esos?
Nosotros con medios de comunicación tenemos una línea definida, así que no es nuestro tema central de ocupación. Nuestro tema central está asociado a las redes sociales, o sea el manejo de la información por particulares, no a través de medios masivos sino de personas individualmente consideradas. La pregunta que nos surge ahora es si la regla que tenemos identificada para medios de comunicación son exactamente aplicables para redes sociales.

¿Frente al tema de las objeciones al estatuto de la JEP, qué pasa si la decisión de las dos cámaras del Congreso es distinta?
Primero, de acuerdo con el auto que la Corte Constitucional resolvió hace un mes, la Corte mantiene competencia para estudiar todo el trámite del proyecto de ley estatutaria, eso significa que mientras no se sancione el proceso en la formación de la ley estatutaria se mantiene, es decir que la Corte podría volver a estudiar este asunto en la sala plena. Así que si yo doy mis opiniones personales podría tener dificultades después en la práctica al resolver. Segundo, es una explicación desde la ley: la ley 5a de 1992, que regula el trámite de la formación de leyes, la Corte ha dicho que las leyes estatutaria también se aplica las reglas de la ley 5a que dice que cuando las objeciones no alcancen un número suficiente para admitirlas se entienden rechazadas.

¿De otro lado, la Corte dejó en pié la exigencia del examen del estado para los abogados, como prueba de idoneidad?
Esta norma, dice la propia ley, será aplicable a los estudiantes que inicien sus estudios a partir de la vigencia de la misma. Es decir los que empiezan la carrera desde ese momento, o sea que se les va a aplicar a los que comienzan estudios de derecho en junio y de ahí en adelante. A los que ya empezaron y los graduados no se les aplica.

Se dice que la Corte dejó en pié las corridas de toros y las riñas de gallos… ¿es eso cierto?
Así titularon los medios en Bogotá: que la Corte dejó en pié, cuando esa decisión la adoptó la Corte en el año 2012. Lo que nosotros anotamos en esta oportunidad es que en ese año se dijo que se podía continuar con este tipo de actividades que, como lo entendió la Corte en su momento, constituyen algunas actuaciones de minorías culturales. Y en esta oportunidad lo que nosotros dijimos es que mantenemos lo que ya dijo al Corte en el 2012, nos acogimos a lo resuelto, no tomanos una decisión distinta a decir; eso ya está resuelto, hay cosa juzgada.

¿Cómo va la demanda del Código de Policía, en relación con el episodio de la empanada?
El Código de Policía nos ha ocupado el tiempo, dado que en la Corte Constitucional son muchísima las demandas, en este momento tenemos en trámite 46, con distintas normas. Tenemos cualquier cantidad de temas del Código de Policía en debate, entre ellos el artículo de la empanada que fue presentada y apenas se repartió hace poco. Es un caso que lleva en la Corte no más de tres semanas y el trámite allí obedece, más o menos a 140 días hábiles. Ese será el tiempo que nos ocupará para darle el trámite a la demanda y seguramente, yo creo que a finales del año tenemos una decisión al respecto.

¿Qué aspectos del Código tocan las otras demandas?
Tenemos una que está en manos de un conjuez, Juan carlos Henao recctor de la Universidad Externado de Colombia, que tiene que ver con el tema del ruido. ¿Hasta dónde y quién mide el nivel de ruido de las fiesas de los vecinos? ¿Los policías pueden entrar a la casa, apagarle la luz o bajarle los tacos? ¿Tienen la autorizacion para tomar medidas en su mometo que involucren el entrar en una casa?. Obiamente en estos casos no hay orden de autoridad judicial y ese es el debate que estamos dando en la sala y puesto en su momento nos dividió cuatro cuatro, dado que la magistrada Cristina Pardo está impedida porque era la Secretaria Jurídica de la Presidencia cuando se sancionó la ley, fue necesario designar un conjuez. Este es un tema sensible y socialmente muy importante.

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