En informe de gestión presentado ante el Concejo de Pereira, el director de Gestión del Riesgo (Diger), Alexánder Galindo López, manifestó que en el 2018 fueron atendidas 205 emergencias, entre ellas 43 deslizamientos, 34 vendavales, 31 inundaciones, 28 incendios y 28 colapsos de edificaciones, eventos en los que se vieron afectadas 2102 personas en la capital de Risaralda.

También informó a los concejales que el año anterior realizaron la revisión de 91 puentes vehiculares y encontraron que el 5 % de estos requieren de mantenimiento preventivo. De igual manera, Galindo dijo que fueron revisados 35 puentes peatonales, encontrando que el 18 % requieren atención.

“Se revisaron 36 obras de estabilización concluyendo que el 6 % se encuentra en riesgo por las condiciones de deterioro asociado a la pérdida de vida útil de los materiales. También se realizaron 215 operativos de control ambiental en comunas y corregimientos y se adelantaron 100 jornadas de sensibilización y capacitación en el tema de comparendo ambiental con la comunidad en general”, destacó el funcionario en la plenaria del Concejo.

Intervenciones

Norbey Quiceno, concejal del Partido de la U, preguntó por los desembolsos que está haciendo la administración municipal para cumplir con las actividades de la Diger porque las emergencias no dan tiempo de espera. De igual manera preguntó si el personal que tiene la entidad es el suficiente para atender las emergencias que se registran y también por los vehículos que se utilizan para el transporte de las funcionarios.

Por su parte, Carolina Giraldo, concejala de Alianza Verde, pidió un inventario del número de personas que viven en las zonas afectadas por los vendavales, preguntó sobre la viabilidad de conseguir los $21.000 millones que se requieren para hacer intervención en la quebrada La Dulcera y pidió un informe sobre las acciones para reubicar a las personas que están en la zonas de riesgo.

Y Carlos Alfredo Crosthwaite, concejal del Polo Democrático, en su intervención expresó que no hay derecho que la ausencia de control en una ciudad haya llevado al grado de vulneración en el que está la zona de La Dulcera.

“Hay posibilidades de riesgo altísimo y hoy la solución es ir hacerle quitar $21.800 millones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para ir a solucionarle el problema a unos sectores altos de la ciudad, cuando hay en Colombia sectores completamente abandonados”, dijo Crosthwaite.

Además advirtió sobre unas canalizaciones autorizadas por la C’arder en diferentes puntos de la geografía local, sin reglamentación alguna.

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