Dos menores están entre las víctimas de la Operación Azarías en Miraflores. Con este nuevo reporte, seis menores han muerto en ataques aéreos durante el Gobierno De La Espriella.
La ofensiva aérea que el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha convertido en una de sus principales herramientas contra los grupos armados ilegales vuelve a quedar bajo cuestionamiento por la muerte de menores de edad.
El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó este viernes 4 de septiembre que dos menores están entre las personas fallecidas durante la Operación Azarías, desarrollada por la Fuerza Pública contra una estructura de las disidencias de las Farc en zona rural de Miraflores, Guaviare.
El dato eleva a seis el número de menores muertos en operaciones aéreas durante el primer mes del nuevo Gobierno: uno en Catatumbo, tres en un anterior bombardeo en El Retorno, Guaviare, y los dos que Medicina Legal acaba de identificar en esta nueva operación.
Una precisión resulta importante: el bombardeo no ocurrió este viernes. Lo nuevo es la confirmación forense de que entre los cuerpos recuperados tras la operación de finales de agosto había dos personas menores de 18 años.
Medicina Legal recibió 24 cuerpos
El reporte oficial señala que el 1 de septiembre fueron recibidos 24 cuerpos procedentes de las acciones militares realizadas en la vereda Lagos del Dorado, jurisdicción de Miraflores, dentro de la denominada Operación Azarías.
Hasta este viernes, Medicina Legal había logrado establecer la identidad de 20 de los fallecidos, mientras cuatro cuerpos continuaban bajo análisis debido a su estado.
De los identificados, ocho eran mujeres y doce hombres. Dos eran menores de edad. El instituto no reveló públicamente sus nombres ni edades en su comunicado.
La cifra podría sufrir nuevos ajustes debido a que todavía permanecen cuatro cuerpos sin plena identificación.
La operación estuvo dirigida contra la estructura Carolina Ramírez, vinculada a las disidencias comandadas por alias ‘Iván Mordisco’. Entre los muertos fue reportado alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado por las autoridades como uno de los mandos de esa estructura.
Tres operaciones, seis menores muertos
Los datos conocidos hasta ahora permiten reconstruir una secuencia que ha abierto uno de los primeros debates de derechos humanos del Gobierno De La Espriella.
En el primer bombardeo de su administración, realizado en Catatumbo, Medicina Legal confirmó posteriormente que entre los muertos había un adolescente de 16 años.
Después vino la Operación Amón, ejecutada el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare. Allí fueron recuperados diez cuerpos y Medicina Legal logró identificar inicialmente nueve. Tres correspondían a menores de edad, de entre 15 y 16 años.
Ahora se suman los dos casos de la Operación Azarías.
El balance, por tanto, llega a seis menores muertos en tres operaciones aéreas desde que De La Espriella asumió la Presidencia el 7 de agosto.
Un problema que va más allá del bombardeo
Las muertes vuelven a poner en primer plano una práctica utilizada por los grupos armados durante décadas: el reclutamiento de niños y adolescentes.
La Defensoría del Pueblo informó esta semana que entre 2024 y el 31 de julio de 2026 conoció 1.173 casos de reclutamiento de menores en Colombia y advirtió que existe un alto subregistro. En numerosos casos, explicó la entidad, las autoridades solo llegan a conocer que un niño había sido reclutado cuando muere durante un combate entre estructuras ilegales o en una operación de la Fuerza Pública.
Para el Estado, esa realidad plantea un dilema especialmente complejo. Los grupos ilegales son responsables de reclutar y utilizar menores, pero esa condición no elimina automáticamente las obligaciones de protección y precaución que tienen las autoridades durante las operaciones militares.
Precisamente allí se concentra la controversia sobre los bombardeos.
Una jueza acaba de poner límites
La confirmación de Medicina Legal ocurre apenas días después de una decisión judicial que puede modificar la manera como se autorizan este tipo de ataques.
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá adoptó el 2 de septiembre una medida provisional que ordena abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas cuando exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” de que en el objetivo hay niños o adolescentes reclutados o utilizados por estructuras armadas.
La restricción estará vigente mientras se adopta una decisión de fondo sobre la tutela y hasta que las autoridades puedan demostrar que se implementaron las medidas de precaución y protección necesarias.
No se trata de una prohibición general de todos los bombardeos. La condición se activa cuando existe información suficientemente verificable sobre la posible presencia de menores.
La decisión judicial fue conocida después de la muerte de los tres adolescentes en la Operación Amón. La confirmación de otros dos menores en Azarías añade ahora un nuevo elemento al expediente político y jurídico sobre el uso de ataques aéreos.
El Gobierno ha defendido las operaciones
Tras conocerse la muerte de los tres menores en El Retorno, el presidente De La Espriella manifestó su respaldo a las operaciones militares y responsabilizó a las organizaciones armadas por reclutar niños y adolescentes. El Ministerio de Defensa también sostuvo que los procedimientos habían cumplido los parámetros establecidos para este tipo de acciones.
Sin embargo, el nuevo balance obliga a mirar nuevamente las cifras.
En menos de un mes, seis personas que todavía no habían cumplido los 18 años terminaron muertas bajo las bombas lanzadas por el Estado contra campamentos de organizaciones armadas.
La responsabilidad del reclutamiento recae sobre quienes incorporan menores a la guerra. Pero para las Fuerzas Militares queda otra pregunta que ahora también está en manos de los jueces: hasta dónde puede llegar una operación contra un objetivo militar cuando la inteligencia advierte que dentro de ese objetivo también puede haber niños y adolescentes reclutados.
Con cuatro cuerpos de la Operación Azarías aún pendientes de identificación, el balance forense tampoco puede considerarse definitivamente cerrado.
