Un juez de San José del Guaviare impuso una medida cautelar que restringe temporalmente los ataques aéreos cuando existan indicios sobre la presencia de niños o adolescentes en la zona.
Por segunda vez en menos de una semana, una decisión judicial puso límites temporales a los bombardeos ordenados por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella contra estructuras armadas ilegales.
Esta vez fue el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, a cargo del juez Jhoan Aguilera Martínez, el que ordenó suspender provisionalmente las operaciones aéreas ofensivas en ese departamento cuando exista información que permita advertir la posible presencia de menores de edad.
La medida se adoptó mientras el despacho estudia de fondo una acción de tutela que busca proteger los derechos a la vida y a la integridad de niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados.
La orden no prohíbe todos los bombardeos
La determinación judicial no representa una suspensión general de todas las operaciones militares en Guaviare.
La restricción se aplica específicamente cuando exista información de inteligencia, una alerta preventiva u otro elemento objetivo que permita considerar razonablemente que niños o adolescentes podrían encontrarse en la zona que será objeto de un ataque aéreo.
Mientras se resuelve la tutela, el presidente, el Ministerio de Defensa y las autoridades militares deberán abstenerse de ejecutar esos bombardeos cuando pueda existir riesgo para la vida o integridad física de menores.
El juez consideró que la medida es necesaria para evitar consecuencias irreversibles mientras se determina si los mecanismos de prevención utilizados actualmente por las autoridades son suficientes para proteger a esta población.
Gobierno deberá explicar sus protocolos
La decisión también dio un plazo de 48 horas al Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para entregar información sobre los protocolos utilizados antes de realizar este tipo de operaciones.
Las entidades deberán explicar, entre otros aspectos, cómo identifican la eventual presencia de menores en las zonas de operaciones, cómo verifican los datos de inteligencia y cuáles son los mecanismos empleados para evaluar los riesgos sobre la población civil.
El despacho también pidió establecer qué medidas pueden reforzarse para garantizar una protección especial de niños y adolescentes durante la planeación y ejecución de acciones militares.
Es la segunda decisión judicial
La determinación en Guaviare se conoce después de que el Juzgado 34 de Familia de Bogotá adoptara el pasado 3 de septiembre otra medida cautelar de alcance nacional.
En ese caso, se ordenó a la Presidencia y a las Fuerzas Militares abstenerse provisionalmente de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos en los que exista información cierta o razonablemente verificable acerca de menores reclutados por organizaciones armadas, mientras se adoptan medidas de precaución y se analiza si existe una alternativa menos lesiva.
La nueva orden en Guaviare surge además después de la controversia generada por operaciones militares recientes en esa región, donde se confirmó la muerte de menores de edad en medio de bombardeos contra estructuras armadas ilegales.
Por ahora, la decisión es provisional y permanecerá vigente bajo las condiciones establecidas por el juzgado mientras se produce un pronunciamiento de fondo sobre la acción de tutela.


