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jueves, abril 25, 2024

Se han recolectado cerca de $2 mil millones en la «vaca» por Antioquia

En pleno ambiente de Semana Santa, el debate entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, ha escalado debido a la controvertida «vaca» organizada por el gobierno departamental para financiar las vías 4G.

Rendón, quien ha cuestionado el papel del Ejecutivo en la ejecución de las vías, ha propuesto una audaz meta de recaudar $1 billón mediante donaciones para la Vía al Mar, el Túnel del Toyo, la Concesión Vías del Nus, y las Rutas Nacionales 25 y 60.

Según informes de la Gobernación, en el primer día de recolección, se lograron reunir $700 millones, cifra que aumentó a $1.240 millones en tan solo 48 horas, y ayer la cantidad alcanzó cerca de $2.000 millones.

De mantenerse este ritmo de recolección diaria, la Gobernación podría alcanzar la meta de $1 billón en aproximadamente año y medio.

Gráficos de La República
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La Secretaría de Hacienda también ha anunciado que emitirá certificados tributarios por las donaciones realizadas, lo que implicaría un posible beneficio del 25% en la declaración de renta para los contribuyentes. Por ejemplo, una empresa que aporte $100 millones podría reducir $25 millones en su declaración de renta.

Sin embargo, este ambicioso plan ha desencadenado un choque político entre Petro y Rendón. Petro ha criticado la concentración de inversión pública en las vías 4G, especialmente en Antioquia y Bogotá, señalando la exclusión de otras vías importantes como la vía Medellín-Quibdó y las vías vecinales del Urabá.

Por su parte, Rendón había solicitado la cesión de los contratos de las vías al Ministerio de Transporte, propuesta que fue denegada por William Camargo, Ministro de Transporte, debido al avance de las obras y la inversión realizada durante el actual Gobierno.

En respuesta a la iniciativa de la ‘vaca’, Petro ha calificado la misma como «innecesaria» y ha propuesto el cobro de valorización por las obras ya realizadas, destinando un porcentaje de esta valorización a las vías de Antioquia. Además, ha denunciado que las decisiones de inversión se han concentrado en zonas de estratos altos.

A pesar de los intentos de Rendón por garantizar controles rigurosos, han surgido preocupaciones sobre el riesgo de los aportes. Una investigación de Noticias Uno reveló una presunta donación del Clan del Golfo por $10 millones, lo que ha avivado el debate sobre la seguridad de las transacciones.

Incluso el expresidente Álvaro Uribe ha advertido sobre el riesgo de suplantación de identidad, lo que podría resultar en transferencias a cuentas no autorizadas.

La tensión ha llegado a tal punto que Petro ha citado el Artículo 316 del Código Penal para solicitar la detención de la recaudación, argumentando que la captación masiva de fondos sin autorización competente es ilegal.

En resumen, la polémica entre Petro y Rendón continúa en aumento mientras la Gobernación de Antioquia se embarca en la ambiciosa empresa de recaudar fondos para sus proyectos viales. Con opiniones divididas y preocupaciones sobre la seguridad de los aportes, el destino de este financiamiento sigue siendo incierto.

El pasado de Petro con las donaciones 

En el 2015 el actual mandatario en su cargo como alcalde de Bogotá había firmado un decreto en el cuál autorizaba la recaudación de aportes ‘voluntarios por parte de los ciudadanos para financiar proyectos de la ciudad.

La propuesta, dirigida a la consideración de los ciudadanos, y paralela al ejercicio actual en Antioquia, tenía como objetivo recaudar fondos para tres proyectos ciudadanos iniciales: fortalecer el cuerpo de Bomberos de Bogotá, implementar el proyecto «Un árbol de vida para Bogotá» y establecer un «Banco de provisión de elementos para el área de maternidad en los hospitales de la red pública del Distrito Capital».

Para Petro en aquel momento, era fundamental que los contribuyentes participaran en iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la capital. Según el decreto, «Bogotá, D.C., necesita la participación ciudadana solidaria para avanzar hacia la construcción de una sociedad justa y equitativa, como expresión del compromiso colectivo en el cumplimiento del Pacto Social contra la pobreza para asegurar la provisión de los mínimos vitales a la población más vulnerable».

Aunque en su función como mandatario distrital defendía el mecanismo de aporte voluntario, en la actualidad, Petro, como presidente del país, se ha convertido en el principal opositor a la iniciativa en Antioquia.

De hecho, a través de su cuenta en la red social X, el mandatario instó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a revisar el artículo 316 del Código Penal, que establece: «Quien desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero del público de forma masiva y habitual, sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de 120 a 240 meses, y multa de cincuenta mil salarios mínimos». Esto para referirse a la presunta ilegalidad de la actividad ciudadana en la región antioqueña.

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