El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el documento busca poner en conocimiento de los organismos de control posibles irregularidades de la administración anterior. También se refirió al reto fiscal que enfrenta Colombia y a la reconstrucción después del terremoto.
El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, salió nuevamente en defensa del denominado ‘Libro de la Verdad’, el documento presentado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella con hallazgos y cuestionamientos sobre la administración del expresidente Gustavo Petro.
Durante una entrevista con Noticias Caracol este viernes 21 de agosto, Restrepo sostuvo que la entrega del informe constituye un “acto de responsabilidad” y señaló que ahora corresponde a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría establecer si las situaciones allí documentadas pueden derivar en responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.
El vicepresidente insistió en que no le corresponde al Gobierno determinar si existieron delitos, sino presentar ante las autoridades la información encontrada durante el proceso de revisión de la administración saliente.
Un documento de 135 páginas
El denominado ‘Libro de la Verdad’ fue presentado el pasado 18 de agosto por el presidente Abelardo De La Espriella y Restrepo ante los organismos de control.
El informe tiene 135 páginas y recoge 82 situaciones relacionadas con la gestión del Gobierno Petro, que incluyen desde posibles irregularidades contractuales hasta críticas a decisiones administrativas, manejo de recursos públicos, sistemas tecnológicos y situación financiera de distintas entidades del Estado.
Restrepo fue el encargado de coordinar el llamado empalme anticorrupción y aseguró que durante ese proceso fueron identificados nueve patrones relacionados, según el Gobierno, con problemas en el manejo de la administración pública. Además, ha advertido que la revisión continuará y que el documento presentado sería apenas una primera parte de los hallazgos.
Sin embargo, no todos los 82 puntos corresponden a denuncias de corrupción. Un análisis de EL PAÍS señala que 23 hacen referencia a posibles hechos de ese tipo, mientras que los restantes están relacionados principalmente con cuestionamientos a políticas públicas o decisiones administrativas.
Petro respondió a los señalamientos
El expresidente Gustavo Petro ha rechazado buena parte de las acusaciones y sostiene que varias de las situaciones presentadas por el nuevo Gobierno corresponden a decisiones de política pública y no a conductas delictivas.
No obstante, Petro también señaló que los exministros deberán responder por cada uno de los puntos planteados y que, en aquellos casos en los que eventualmente se demuestre la existencia de un delito, deberán aplicarse las sanciones correspondientes.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, indicó tras recibir el documento que su contenido será sometido a una evaluación técnica y jurídica. Por esta razón, los señalamientos incluidos en el informe continúan siendo materia de revisión y no equivalen, por sí mismos, a decisiones judiciales o declaraciones de responsabilidad.
El terremoto aumenta la presión sobre las finanzas públicas
Restrepo también relacionó la situación encontrada en las cuentas del Estado con uno de los mayores desafíos que enfrenta actualmente el Gobierno: conseguir los recursos necesarios para recuperar las regiones devastadas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.
El vicepresidente ha señalado que la reconstrucción podría necesitar por lo menos $30 billones y ha advertido que el limitado margen de endeudamiento del país obliga al Ejecutivo a buscar diferentes fuentes de financiación.
La magnitud de los daños quedó consignada en el decreto de emergencia. Con corte al 19 de agosto, la UNGRD reportaba 314 fallecidos, 4.437 heridos, 262 desaparecidos, 30.664 viviendas destruidas y 136.946 averiadas, además de afectaciones en vías, colegios, centros de salud, acueductos y aeropuertos. Las autoridades aclararon que el balance continúa siendo preliminar.
Gobierno ya declaró la emergencia económica
El Gobierno firmó el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, mediante el cual declaró por 30 días el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los territorios afectados por el terremoto.
La medida permite adoptar decisiones extraordinarias en materia presupuestal, crediticia, contractual y tributaria para atender la crisis y acelerar posteriormente la reconstrucción.
Restrepo ha explicado que la respuesta gubernamental avanza por etapas. Después de las labores iniciales de búsqueda y rescate, el país atraviesa la atención humanitaria y comienza progresivamente una tercera fase enfocada en reconstruir viviendas, infraestructura pública y las economías locales.
En Caldas, por ejemplo, el vicepresidente informó que la recuperación requerirá inicialmente alrededor de $1,4 billones y anunció medidas para movilizar recursos, entregar subsidios de arrendamiento y evitar incrementos especulativos en los precios de materiales y vivienda.
Reconstrucción y economía, los desafíos inmediatos
Para Restrepo, el panorama fiscal que recibió el nuevo Gobierno hace todavía más complejo enfrentar una tragedia de esta magnitud. Antes de asumir el cargo había advertido sobre riesgos presupuestales y defendido la necesidad de reducir gastos del Estado, recuperar la inversión privada y revisar la estructura tributaria del país.
Así, mientras los organismos de control comienzan a determinar qué parte de los señalamientos contenidos en el ‘Libro de la Verdad’ tienen relevancia jurídica, el Gobierno enfrenta simultáneamente otra carrera contrarreloj: conseguir los recursos necesarios para reconstruir las regiones golpeadas por el terremoto sin profundizar los problemas fiscales del país.
