Tras esta emergencia y ante la ausencia de un sistema estatal coordinado que permita advertir de manera masiva a la población antes de la llegada de las ondas sísmicas destructivas, en el Congreso de la República comenzó el debate de un proyecto de ley que busca cerrar esta brecha.
La iniciativa fue presentada por la senadora María Lucía Villalba, del Nuevo Liberalismo, y propone la creación del
Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST)
, con el objetivo de implementar en Colombia un mecanismo de aviso similar a los existentes en países como Japón y México.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, los segundos que pueden transcurrir entre la detección de un sismo y la llegada de sus ondas más destructivas podrían ser aprovechados para ejecutar acciones que permitan reducir los riesgos. Entre ellas están evacuar establecimientos educativos, suspender procedimientos médicos complejos, cerrar válvulas de gas en viviendas e industrias y buscar lugares seguros de protección.
Alerta para todos
Uno de los principales componentes de la propuesta es que la alerta sea unificada y gratuita. Actualmente, algunos usuarios reciben avisos sísmicos en sus teléfonos celulares mediante sistemas desarrollados por empresas tecnológicas privadas. Sin embargo, su alcance puede variar dependiendo del sistema operativo y las características del dispositivo.
El proyecto plantea superar esta diferencia mediante la integración de las redes de todos los operadores de telecomunicaciones a través de la tecnología de difusión celular, conocida como Cell Broadcast . De esta manera, las alertas podrían enviarse simultáneamente a los teléfonos celulares ubicados en el territorio nacional, independientemente del operador al que pertenezcan.
Sobre esta propuesta, Margarita María Serna Alzate, docente de Derecho de la Fundación Universitaria Área Andina Pereira, advierte que, si la ley establece la integración de todos los operadores a una misma red, también debería contemplar mecanismos de compensación por las inversiones que las empresas deban realizar, especialmente aquellas que cuentan con una mayor cobertura.
La docente señala que este aspecto también tiene relación con la competencia entre operadores, aunque considera que, al tratarse de una medida orientada a proteger el interés público, el Estado podría establecerla mediante una ley, siempre teniendo en cuenta los posibles efectos económicos para las empresas prestadoras del servicio.
En manos del Estado
Con el nuevo esquema, la responsabilidad de emitir la alerta estaría directamente en manos del Estado. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) tendría a su cargo la gobernanza del sistema y la definición de los umbrales técnicos para su activación, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
Esta última entidad asumiría, además, las acciones relacionadas con pedagogía comunitaria y la realización de simulacros nacionales, con el propósito de preparar a la población para responder adecuadamente ante una emergencia.
La propuesta plantea así una herramienta que combina tecnología, coordinación institucional y preparación ciudadana, con la finalidad de reducir el impacto de futuros terremotos y fortalecer la capacidad de respuesta del país ante una amenaza que, por sus condiciones geológicas, resulta inevitable.
Balance
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó un nuevo balance nacional que eleva a 331 el número de personas fallecidas, mientras 4.449 resultaron heridas y 219 permanecen desaparecidas.
El reporte, consolidado con corte al jueves 27 de agosto, indica además que 364 personas han sido rescatadas por los organismos que participan en las operaciones desplegadas después del terremoto.
El sismo de magnitud 7,4, registrado el 10 de agosto, tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y provocó graves daños en diferentes regiones del país, particularmente en el occidente colombiano.
más de 400 mil personas
Según la actualización de la UNGRD, ya son 16 departamentos y 496 municipios afectados.
En total se contabilizan 193.011 familias damnificadas o afectadas, que representan 406.113 personas.
Las cifras muestran un crecimiento considerable frente a los primeros balances conocidos después del terremoto, cuando todavía existían dificultades para acceder a algunos territorios y establecer la magnitud real de los daños.
Las autoridades han advertido que los datos siguen siendo preliminares y permanecen en proceso de consolidación.
