Procuraduría advierte de un detrimento patrimonial en la Policía Nacional.

La Contraloría General estableció un presunto detrimento patrimonial por más de 12 millones de dólares en la compra de un jet Legacy 600 VIP por parte de la Policía, para transportar el máximo número de personas, especialmente de grupos operativos tales como el COPES o antinarcóticos; sin embargo, terminó siendo una aeronave de lujo para 13 pasajeros, lo cual, no respondió a la necesidad que se planteó en un principio.

De acuerdo con el organismo de control, la necesidad inicial de la policía, era comprar aviones que tuvieran una capacidad de 44 personas; pero finalmente, se compró un avión para ejecutivos tipo VIP, con una capacidad 30% menos a la que realmente se requería.

“Esto golpea sensiblemente el presupuesto de la Policía, porque el presupuesto global era de $200 mil millones de pesos y esta compra significa algo más de $58 mil millones. Es decir, con un solo avión terminaron gastando el 41% del presupuesto que se había planteado para tres aviones que iban a transportar 44 pasajeros cada uno”, aseguró Luis Eduardo Parra, contralor delegado para la Defensa y Seguridad de la Contraloría General de la Nación.

Los detalles de la polémica compra fueron revelados este domingo en un informe de la auditoría realizada por la Contraloría, donde se señala que el exdirector de la Policía Nacional Jorge Luis Vargas, y el subdirector Hoover Penilla, ambos actualmente retirados de la Policía Nacional de Colombia, enfrentarán un proceso de responsabilidad fiscal por la manera en que se adquirió este jet de lujo.

Por su parte, el exdirector general de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas manifestó, “yo era el director general de la Policía y no manejo los detalles de la compra, pero fui informado del cumplimiento de todos los requerimientos de ley. No afectamos el patrimonio de la Policía Nacional, se hizo por ley de la República, y con un plan de necesidades. Los puntos de vista nuestros no fueron tenidos en cuenta en la auditoria y esperamos que se respete el debido proceso. Me preocupa la forma como la Contraloría hace las cosas, espero que haya legitimidad, legalidad y que tengan muy claro técnicamente esto”.

Asimismo, el general de la Policía Hoover Penilla declaro que él no tuvo ningún tipo de injerencia en lo que respecta a la compra de los aviones, su único papel dentro del proceso fue responder a los cuestionamientos de unos periodistas.

“Un día en que el señor director de la Policía no se encontraba y tuve que explicar lo que los técnicos me dijeron”, afirmó Penilla.

Al mismo tiempo reveló que, tampoco recordaba lo que había ocurrido en la reunión del 1 de enero del 2022, cuando se tomó la decisión de la compra en la subdirección de la Policía Nacional. Ese día se discutió de la compra de seis aviones y de los $210.000 millones que estaban destinados para esa misión.

En la indagación, la Contraloría descubrió que dos de las tres empresas que componen el consorcio, no tienen ninguna experiencia en el sector aeronáutico y están asociadas al mundo de la construcción, el servicio de alimentos y de la maquinaria agrícola.

Además, la Contraloría evidenció que la Policía habría recibido la oferta de otros dos aviones de la misma referencia con un modelo más reciente, menos horas de vuelo y mejor precio. Uno fue ubicado por la Fuerza Aérea Colombiana en Estados Unidos, y valía 8.9 millones de dólares, tres millones de dólares menos que el que compró la Policía de Colombia. El otro es el de la Presidencia del Ecuador, que tenía tres veces menos horas de vuelo que el que se compró y que tenía un precio 8 millones de dólares.

Por estas razones, la Contraloría General de la Nación adelantará un proceso de responsabilidad fiscal en contra de los directivos que están detrás de esta controversial compra.

De igual modo, este organismo vinculó a la investigación al general Iván Hidalgo, gerente de la CIAC, una empresa mixta que operó la compra; el general Ricardo Alarcón, director de Antinarcóticos y el general Luis Ernesto García, jefe de la Oficina de Planeación de la institución.