Una decisión judicial obligó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella a retirar temporalmente de las redes sociales oficiales dos publicaciones en las que aparecen los cuerpos de personas abatidas durante recientes operaciones de la Fuerza Pública.
La medida fue adoptada por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, que concedió un plazo de un día, contado desde la notificación de la providencia, para que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) oculte los contenidos mientras se estudia de fondo una acción de tutela.
El proceso judicial surgió por una tutela presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio Marín, quien cuestionó la exposición pública de cadáveres en los canales institucionales y planteó una posible afectación de derechos fundamentales, particularmente frente al acceso que niños, niñas y adolescentes pueden tener a este tipo de imágenes.
Dos operaciones bajo revisión
La orden comprende publicaciones realizadas los días 2 y 4 de septiembre en la cuenta de Instagram de la Presidencia.
Una de ellas corresponde a la operación Azarías, desarrollada en Miraflores, Guaviare, donde fueron abatidos presuntos integrantes de las disidencias de las FARC. En el material divulgado se observaba al mandatario recorriendo el lugar donde permanecían al menos 23 cuerpos cubiertos con bolsas blancas.
La segunda publicación estaba relacionada con la operación Centinela de la Patria, adelantada en Riohacha, La Guajira. Allí fueron presentados cuatro cadáveres cubiertos, entre ellos el de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Bendito Menor’, quien murió durante un operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
La divulgación de este tipo de material ya había provocado cuestionamientos públicos. La defensora del Pueblo, Iris Marín, había advertido previamente que incluso las personas muertas en medio de operaciones contra organizaciones criminales deben recibir un trato digno y cuestionó que los cadáveres fueran utilizados dentro de la comunicación política de los resultados militares.
Por ahora, la determinación del juzgado no constituye una decisión definitiva sobre la tutela. Se trata de una medida cautelar destinada a impedir que las publicaciones continúen disponibles mientras el despacho analiza los argumentos de las partes y establece si existió o no una vulneración de derechos fundamentales.
