El presidente Gustavo Petro cuestionó la propuesta de activar desde ahora las plantas termoeléctricas ante el eventual Fenómeno de El Niño. El mandatario aseguró que esa medida elevaría las tarifas y planteó usar recursos del cargo por confiabilidad para impulsar energía solar.
El presidente Gustavo Petro volvió a abrir un debate nacional sobre el manejo del sistema eléctrico ante la posible llegada de un Fenómeno de El Niño de alta intensidad durante el segundo semestre de 2026. El mandatario rechazó la propuesta de encender desde ahora las plantas termoeléctricas y aseguró que esa medida tendría un impacto directo sobre las tarifas que pagan los usuarios.
“La petición de prender las termoeléctricas desde ya para enfrentar el superniño es una petición para elevar tarifas”, afirmó Petro en un pronunciamiento público en el que respondió a las alertas del sector energético sobre el riesgo que podría enfrentar el país si disminuyen las lluvias y bajan los niveles de los embalses.
La discusión surgió luego de que Acolgén, gremio que reúne a empresas generadoras de energía, pidiera activar las térmicas de manera anticipada para proteger el agua almacenada en los embalses. La presidenta del gremio, Natalia Gutiérrez, advirtió que el país debe enviar señales tempranas para cuidar esas reservas y evitar un eventual riesgo de racionamiento durante el Fenómeno de El Niño.
Colombia depende en buena parte de la generación hidroeléctrica, por lo que los periodos de sequía intensa suelen aumentar la presión sobre el sistema. En esos escenarios, las termoeléctricas funcionan como respaldo, pero su operación suele ser más costosa y puede reflejarse en mayores precios de la energía. Ese es uno de los puntos centrales del choque entre el Gobierno y los gremios del sector.
Petro insistió en que el país debe buscar una salida distinta. El mandatario pidió a las empresas generadoras privadas avanzar hacia una nueva fórmula tarifaria y planteó revisar el uso del cargo por confiabilidad, un pago que hacen los usuarios para garantizar energía firme cuando el sistema lo requiera. Según el presidente, ese mecanismo ya suma cerca de 50 billones de pesos y debería activarse en una eventual emergencia para financiar soluciones solares que complementen la generación hídrica.
El jefe de Estado también defendió la transición energética como respuesta estructural a la crisis climática. Según el Ministerio de Minas y Energía, el Gobierno ha endurecido sus advertencias frente al posible Fenómeno de El Niño y ha presentado la expansión de energías renovables como una estrategia para reducir la vulnerabilidad del sistema eléctrico ante sequías prolongadas.
El Ideam y el Ministerio de Ambiente habían activado desde marzo una alerta temprana por el probable desarrollo de El Niño en el segundo semestre del año. Las entidades señalaron que los modelos climáticos internacionales muestran señales de calentamiento en el océano Pacífico ecuatorial, aunque advirtieron que todavía era temprano para confirmar con precisión la intensidad del fenómeno.
La preocupación no se limita al sistema eléctrico. Petro advirtió que el mayor desafío de un eventual ‘Super El Niño’ podría estar en la seguridad alimentaria. Por eso, propuso acelerar la producción agrícola, subsidiar fertilizantes, fortalecer la cadena de frío y construir silos para reducir pérdidas de alimentos.
El mandatario también planteó priorizar la reforma agraria en zonas como la altillanura y en regiones que han sufrido impactos climáticos en el pasado. Para ello, mencionó la necesidad de articular entidades como el Fondo de Adaptación, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y Ecopetrol.
El debate queda abierto entre dos enfoques. De un lado, los gremios energéticos piden encender térmicas de forma preventiva para proteger los embalses y reducir el riesgo de apagones. Del otro, el Gobierno advierte que esa decisión puede encarecer las tarifas y propone acelerar inversiones en energía solar y medidas de adaptación agrícola.
Mientras se define la intensidad real del fenómeno climático, el país enfrenta una decisión compleja: asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico sin trasladar mayores costos a los usuarios y, al mismo tiempo, preparar al sector agropecuario para un periodo de menor disponibilidad de agua.
