El escándalo por la fiesta realizada dentro de la cárcel La Paz de Itagüí ya tuvo una primera respuesta desde la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro anunció que los jefes de estructuras criminales vinculados con la celebración serán sacados de ese penal y enviados a un centro de reclusión en Bogotá, luego de la difusión de videos en los que quedaron en evidencia los lujos con los que se desarrolló el evento.
La decisión fue comunicada por el mandatario durante el consejo de ministros del lunes 13 de abril, en medio de la controversia por las imágenes que mostraron música en vivo, licor, abundante comida y la presencia del cantante vallenato Nelson Velásquez en uno de los patios del establecimiento carcelario. Petro fue enfático al señalar que los implicados dejarán Itagüí de inmediato, con el propósito de frenar las irregularidades detectadas dentro del penal.
La celebración, que según las denuncias ocurrió el pasado 8 de abril, se desarrolló en el patio uno de la cárcel, sitio en el que permanecen varios cabecillas de bandas criminales que venían participando en la Mesa de Paz Urbana. De acuerdo con lo conocido hasta ahora, el festejo habría incluido invitados externos, equipos de sonido, bebidas alcohólicas y una logística poco usual dentro de un centro penitenciario.
Tras conocerse el anuncio presidencial, la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla cuestionó el alcance real de la medida. La corporada pidió que se informe con precisión cuáles internos serán trasladados y advirtió que el problema no se limita a un cambio de cárcel, sino a los beneficios y privilegios que, según su criterio, se permitieron dentro del establecimiento. También puso en duda si los reclusos que saldrán de Itagüí corresponden a los mismos cabecillas que habían sido integrados a los diálogos promovidos por el Gobierno.
La polémica aumentó por la versión según la cual la parranda habría servido como despedida para Sebastián Murillo Echeverry, alias “Lindolfo”, uno de los voceros de estas estructuras. El interno busca obtener beneficios para recuperar la libertad, pese a la condena que cumple por delitos graves.
Entretanto, el Inpec informó que la actividad no tenía autorización oficial y abrió investigaciones disciplinarias contra varios funcionarios. Como parte de las primeras decisiones, fueron removidos responsables del penal y personal de vigilancia, mientras avanzan las indagaciones sobre posibles fallas en los controles internos.
En operativos posteriores dentro del centro penitenciario, las autoridades reportaron el hallazgo de neveras, televisores, equipos de comunicación, licor y otros elementos prohibidos, lo que reforzó las sospechas sobre el nivel de permisividad que existía en ese pabellón. El episodio también generó un fuerte impacto sobre la credibilidad del proceso de paz urbana, cuyos voceros terminaron ofreciendo disculpas públicas por lo ocurrido.
