Una nueva tensión diplomática se abrió entre Colombia y Estados Unidos tras la muerte de Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano que permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, en una cárcel del estado de Misuri. El caso llevó al presidente Gustavo Petro a ordenar a la Cancillería colombiana el envío de una nota formal de protesta al Gobierno estadounidense.
El mandatario colombiano reaccionó públicamente a través de su cuenta en X, donde cuestionó con dureza las condiciones de reclusión de los migrantes detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses. Petro calificó estos centros como “campos de concentración” y afirmó que la política migratoria de Estados Unidos debe ser revisada por sus efectos sobre ciudadanos latinoamericanos y estadounidenses.
De acuerdo con los reportes conocidos sobre el caso, Rayo Garzón tenía 26 años y se encontraba detenido en el condado de Phelps, en Misuri, mientras avanzaba su proceso migratorio. ICE informó en abril de 2025 que el colombiano fue encontrado inconsciente bajo custodia y posteriormente falleció. Las autoridades estadounidenses indicaron entonces que fueron notificadas las entidades competentes y sus familiares.
La controversia tomó fuerza después de nuevos reportes sobre las circunstancias previas a su muerte. Según información divulgada por medios internacionales, el colombiano habría estado aislado mientras presentaba síntomas asociados al COVID-19 y habría solicitado atención en salud mental, así como comunicación con su madre, peticiones que están bajo cuestionamiento por parte de defensores de derechos humanos.
El caso se suma a las críticas contra el sistema de detención migratoria en Estados Unidos, en medio de denuncias sobre fallas en la atención médica, psicológica y humanitaria de personas privadas de la libertad por asuntos migratorios. Organizaciones y medios internacionales han señalado preocupación por las muertes registradas bajo custodia del ICE durante los últimos meses.
Con la solicitud de una nota diplomática, el Gobierno colombiano busca elevar el reclamo ante Washington y pedir explicaciones sobre lo ocurrido con el connacional. El episodio ocurre en un contexto de relaciones sensibles entre ambos países, marcadas por diferencias frente a la política migratoria, la protección de los derechos humanos y el trato a los ciudadanos latinoamericanos en territorio estadounidense.
