La candidata presidencial del Centro Democrático rechazó la solicitud del Gobierno Petro para suspender órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias “Chiquito Malo”. La medida busca facilitar su traslado a zonas de ubicación temporal, pero ha generado críticas por su impacto político y electoral.
La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia lanzó fuertes críticas contra el Gobierno nacional luego de conocerse la solicitud para suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, en el marco de los acercamientos de la política de “paz total”.
Desde sus redes sociales, Valencia calificó la medida como una decisión de alta gravedad y aseguró que podría tener efectos sobre el proceso electoral. La congresista del Centro Democrático afirmó que se trataría de una “estrategia electoral” y llegó a señalarla como un “golpe de Estado a las elecciones”, al considerar que el traslado de cabecillas a zonas de ubicación podría favorecer la presión armada en los territorios.
La controversia surgió después de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro solicitara a la Fiscalía General de la Nación suspender órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo, entre ellos Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, señalado como máximo jefe de esa organización criminal. La solicitud también cobijaría órdenes con fines de extradición, según reportes de medios nacionales.
De acuerdo con la información conocida, la suspensión tendría un alcance limitado y estaría dirigida a permitir el desplazamiento de los integrantes incluidos en el listado hacia zonas de ubicación temporal. Los puntos definidos serían Tierralta, Córdoba, y Belén de Bajirá, Chocó, con movimientos previstos a partir del 25 de junio de 2026.
El Gobierno ha defendido este tipo de medidas como instrumentos necesarios para facilitar conversaciones de carácter sociojurídico con organizaciones armadas. Sin embargo, el caso ha generado especial discusión porque el Clan del Golfo es considerado una de las estructuras criminales con mayor capacidad armada, territorial y económica en el país, asociada a actividades como narcotráfico, minería ilegal, extorsión y control social en varias regiones.
Valencia sostuvo que la política de “paz total” ha permitido la suspensión de órdenes de captura de voceros o representantes de grupos armados ilegales durante el actual Gobierno. Días antes, la senadora había afirmado que la cifra ascendía a 205 personas, como parte de sus cuestionamientos a la estrategia de negociación del Ejecutivo.
La Fiscalía General deberá revisar la legalidad y el alcance de la solicitud antes de adoptar una decisión. La eventual suspensión no significaría libertad plena ni eliminación de los procesos judiciales, sino una medida temporal y condicionada al traslado hacia los puntos definidos para los diálogos.
El tema se produce en un ambiente político altamente sensible, a pocas semanas de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026. Por eso, las críticas de Valencia se han centrado no solo en el componente judicial, sino también en el posible impacto que la presencia de grupos armados ilegales podría tener sobre la seguridad y la libertad del voto en zonas bajo influencia criminal.
La discusión queda abierta entre dos lecturas: para el Gobierno, la suspensión de capturas sería un mecanismo operativo para avanzar en conversaciones; para sectores de oposición, representa un riesgo institucional y electoral que podría fortalecer a estructuras armadas en momentos decisivos para el país.
Dato clave:
La solicitud del Gobierno cobija a 29 integrantes del Clan del Golfo y requiere aval de la Fiscalía. La medida, de aprobarse, tendría carácter temporal y estaría limitada al traslado hacia zonas de ubicación definidas.
