La decisión de los cinco representantes del Pacto Histórico que integran la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de respaldar una proposición para que esa corporación asumiera la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe generó una controversia política y jurídica que este viernes tuvo nuevos capítulos.
David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra respaldaron la proposición mediante la cual la Comisión solicitó a la Fiscalía General de la Nación remitir el expediente relacionado con las investigaciones por las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación del grupo paramilitar que posteriormente fue conocido como Bloque Metro en la hacienda Guacharacas.
La solicitud se originó en una petición presentada por el abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, quien argumentó que la investigación incluye un presunto delito de concierto para delinquir agravado cuya ejecución habría continuado hasta 2003, cuando Uribe ya se desempeñaba como presidente de la República. Bajo esa interpretación, la Comisión de Investigación y Acusación tendría competencia para conocer el proceso debido al fuero presidencial.
La Comisión, presidida por el representante Carlos Cuenca, de Cambio Radical, aprobó por unanimidad solicitar a la Fiscalía el traslado del expediente. En caso de que el organismo investigador no aceptara la petición, se planteó remitir el conflicto de competencias a la Corte Constitucional para que determine qué autoridad debe continuar con el proceso.
La Fiscalía mantiene la investigación
La respuesta de la Fiscalía llegó este jueves. La fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía Cubillos, sostuvo que el ente acusador mantiene la competencia para investigar a Uribe.
Según la Fiscalía, los hechos que dieron origen a la investigación corresponden principalmente a los años 1996 y 1997, cuando Uribe era gobernador de Antioquia y no presidente de la República. Por esa razón, considera que la Comisión de Investigación y Acusación no puede asumir el proceso con base en el fuero presidencial.
El organismo también cuestionó la interpretación según la cual el delito de concierto para delinquir habría continuado hasta 2003. La Fiscalía señaló que esa hipótesis no corresponde a los hechos jurídicamente relevantes que son objeto de la investigación.
Mientras se define el conflicto de competencias, la Fiscalía aseguró que el proceso continuará en su despacho. La eventual controversia deberá ser resuelta por la Corte Constitucional si las dos instituciones mantienen posiciones enfrentadas.
La polémica por el voto del Pacto Histórico
La controversia política surgió porque los cinco representantes del Pacto Histórico respaldaron la proposición pese a que el sector político del presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda han mantenido históricamente posiciones críticas frente al expresidente Uribe.
El hecho generó cuestionamientos sobre un eventual acercamiento entre sectores del petrismo y del uribismo dentro de la Comisión de Acusación. Incluso surgieron interrogantes sobre si detrás de la decisión podría existir algún tipo de acuerdo político.
Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia pública que demuestre la existencia de un pacto entre el Pacto Histórico y sectores del uribismo para favorecer a Uribe.
El propio Pacto Histórico salió a responder a las críticas y aseguró que no existe ningún acuerdo político que comprometa la justicia. Los representantes argumentaron que su voto estuvo relacionado con una discusión sobre la autoridad competente para adelantar la investigación y no con una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente.
Gabriel Becerra sostuvo que la proposición no constituye un pronunciamiento sobre la responsabilidad de Uribe ni debe interpretarse como una maniobra para dilatar el proceso. María del Mar Pizarro, por su parte, manifestó que, debido a su participación en la Comisión, debía abstenerse de pronunciarse públicamente sobre el caso.
Posteriormente, los cinco congresistas del Pacto Histórico respaldaron la posición de la Fiscalía de continuar con la investigación, según reportes publicados este viernes, con lo que intentaron cerrar las especulaciones sobre una eventual alianza política con el uribismo.
Uribe está citado a indagatoria
El proceso ocurre mientras el expresidente Álvaro Uribe está citado a indagatoria por la Fiscalía por los hechos relacionados con El Aro, La Granja, Jesús María Valle y la hacienda Guacharacas.
La diligencia, inicialmente prevista para julio, fue aplazada y quedó programada para el 4 de septiembre de 2026.
La discusión sobre la competencia adquiere especial relevancia porque, de mantenerse el proceso en la Fiscalía, la investigación continuará bajo la jurisdicción del ente acusador. Si la Corte Constitucional llegara a determinar que la Comisión de Investigación y Acusación es la autoridad competente, el expediente tendría que cambiar de escenario institucional.
Por ahora, la Fiscalía sostiene que es competente y continuará con la investigación, mientras la controversia jurídica sobre quién debe asumir el caso queda pendiente de definición.
Más allá de la controversia política generada por el voto de los cinco representantes del Pacto Histórico, la discusión central sigue siendo jurídica: determinar qué autoridad tiene competencia para investigar a Álvaro Uribe por hechos ocurridos cuando era gobernador de Antioquia, pero que la defensa sostiene que podrían estar relacionados con una conducta delictiva que se prolongó hasta cuando ya era presidente de Colombia.
