La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo un llamado a garantizar las condiciones necesarias para que la justicia transicional continúe investigando los crímenes más graves del conflicto armado.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció sobre la situación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), justo cuando en el Congreso avanza una discusión sobre los recursos que tendrá el sistema de justicia transicional durante 2027.
El organismo internacional señaló que resulta fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP para que pueda continuar investigando graves violaciones cometidas durante el conflicto armado, establecer responsabilidades y avanzar en la lucha contra la impunidad.
El pronunciamiento coincide con el debate presupuestal en el Congreso. Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara aprobaron una reducción de $170.000 millones en los recursos previstos para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para 2027: $30.000 millones corresponderían a funcionamiento y $140.000 millones a inversión. El trámite presupuestal todavía debe continuar en el Legislativo.
ONU destaca trabajos restaurativos
El llamado de Naciones Unidas se produjo después de una jornada realizada en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde comparecientes provenientes de las antiguas FARC y de la fuerza pública participaron en actividades de búsqueda humanitaria relacionadas con víctimas del conflicto.
Estas acciones hacen parte del componente restaurativo contemplado por las sanciones propias de la JEP. Dichas sanciones combinan restricciones efectivas de derechos y libertades con trabajos, obras y actividades orientados a reparar a las víctimas y comunidades afectadas.
ONU Derechos Humanos destacó además la participación de las víctimas dentro de estos procesos y sostuvo que las primeras sanciones propias representan un paso relevante en el funcionamiento del modelo colombiano de justicia transicional. En su informe anual sobre Colombia, la Oficina ya había recomendado al Estado garantizar las condiciones necesarias para ejecutar plenamente estas sanciones.
JEP advierte impacto de posibles recortes
Por su parte, la presidencia de la JEP ha advertido que una disminución significativa de sus recursos podría afectar investigaciones, protección de víctimas y testigos, funcionamiento de sedes y seguimiento de las sanciones. Esa es la posición de la jurisdicción dentro de la discusión presupuestal.
Desde sectores que promueven la reducción, como el senador Enrique Gómez Martínez, se ha planteado trasladar parte de los recursos hacia la justicia ordinaria, argumentando que deben fortalecerse los despachos judiciales y cuestionando los resultados de la JEP.
El debate continuará en el Congreso mientras se define el presupuesto de 2027 y los recursos definitivos con los que contará la justicia transicional para desarrollar las siguientes etapas de sus procesos.
