Un grave episodio ocurrido este miércoles en Medellín se suma al debate nacional que por estos días rodea el porte de armas en Colombia. Un adolescente de 17 años ingresó a la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en la comuna 8, con un arma de menor letalidad, realizó varios disparos intimidatorios y posteriormente se autolesionó, según informó el alcalde Federico Gutiérrez.
El joven fue trasladado a un centro asistencial y, hasta el momento, no se reportaron otras personas heridas. Las autoridades investigan cómo obtuvo el arma y las circunstancias que rodearon su ingreso al establecimiento educativo.
El caso ocurre apenas un día después de que el Gobierno Nacional anunciara el levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, mediante el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026. La decisión del presidente Abelardo De La Espriella ha abierto una discusión entre quienes consideran que los ciudadanos legalmente autorizados deben poder portar armas para su defensa y quienes advierten sobre los riesgos de aumentar su circulación.
Sin embargo, el episodio ocurrido en Medellín tiene una diferencia jurídica importante: las autoridades señalaron que el adolescente llevaba un arma de menor letalidad, categoría que cuenta con una regulación específica. La Ley 2197 de 2022 establece expresamente la prohibición de que menores de edad compren, porten o utilicen este tipo de elementos.
Más allá de esa diferencia, el hecho vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que hoy divide opiniones en Colombia: ¿qué tan fácil es que un arma, legal o ilegal, termine en manos de una persona que no debería tener acceso a ella?
Las investigaciones en Medellín deberán establecer precisamente de dónde provenía el arma utilizada por el adolescente y quién tenía originalmente su custodia.
