La denuncia del presidente Gustavo Petro sobre la supuesta aparición de 27 cuerpos calcinados en la frontera con Ecuador quedó en entredicho tras el pronunciamiento del Instituto Nacional de Medicina Legal. Mientras el mandatario sostuvo el 17 de marzo que esa cifra estaría relacionada con bombardeos en la zona limítrofe, el director de la entidad, Ariel Emilio Cortés, aseguró que no existe en los registros forenses ninguna relación de 27 víctimas en esas condiciones y que, hasta ahora, solo hay 14 casos documentados en Nariño.
Según la versión técnica entregada por Medicina Legal, los 14 fallecidos corresponden a hechos ocurridos en enero en zonas de frontera de Nariño y no a una masacre reciente. La entidad precisó que todas las víctimas eran hombres adultos, que no hay menores de edad entre los cuerpos examinados y que todos ya fueron identificados; incluso, un comunicado oficial del instituto señaló en febrero que los restos habían sido entregados a sus familias. Reportes periodísticos que citaron fuentes forenses ubicaron esos hallazgos en dos episodios distintos, uno en la vereda Inda Zabaleta, en Llorente, y otro en Mosquera.
Los dictámenes forenses también desvirtúan el núcleo de la denuncia presidencial. Cortés afirmó que Medicina Legal no tiene registro de bombardeos en Nariño y que la causa de muerte en estos casos fue un incendio, al parecer en un laboratorio de drogas, no heridas por metralla ni efectos propios de un ataque aéreo. En la misma línea, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las 14 muertes se atribuyen a dos explosiones ocurridas en enero y evitó vincularlas directamente con operaciones militares de Ecuador.
El episodio, sin embargo, sí ocurre en medio de una crisis real entre Bogotá y Quito. Colombia y Ecuador investigan de manera conjunta si hubo violación de soberanía por una bomba de 250 kilos hallada en territorio colombiano, artefacto que, según reportes conocidos esta semana, sería de origen ecuatoriano. Esa controversia fronteriza sigue abierta, pero hasta ahora las autoridades colombianas no han respaldado con evidencia forense la versión de que los 14 muertos documentados en Nariño sean producto de un bombardeo extranjero.
Con este nuevo contraste, el caso entra en una fase delicada: por un lado, el Gobierno mantiene sus denuncias sobre hechos graves en la frontera; por el otro, Medicina Legal y el Ministerio de Defensa solo reconocen, con soporte técnico, 14 víctimas calcinadas en dos explosiones registradas meses atrás. La diferencia entre la denuncia política y la evidencia forense abre ahora un frente de presión sobre la Casa de Nariño, que deberá sustentar con pruebas verificables una acusación que ya escaló el choque diplomático con Ecuador.
